Ecuador: Visits & Communications
Correspondence from 2007
The record of correspondence for 2007 is excerpted from the official United Nations report, A/HRC/4/20/Add.1.
Ecuador: Muerte de Fernando Sierra Cruz en la Provincia de Sucumbios
Violación alegada: Muerte a consecuencia de uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad
Persona objeta del llamamiento: 1 hombre (menor, refugiado)
Carácter de la respuesta: El Gobierno informó al Relator Especial que recibió su carta.
Observaciones del Relator Especial
El Relator Especial espera recibir una repuesta substancial sobre la muerte de Fernando Sierra Cruz.
Carta de alegación del 3 de julio de 2006
Quisiera señalar a la atención urgente de su Gobierno la información que he recibido en relación al supuesto excesivo uso de la fuerza por parte de miembros de la policía en contra de Fernando Sierra Cruz, un refugiado de 16 años de edad de origen colombiano y habitante de la parroquia de General Farfán en la provincia de Sucumbíos, región fronteriza con Colombia, en Ecuador.
De acuerdo con las informaciones recibidas, el sábado 10 de junio de 2006 se desplegó un operativo policial en la Parroquia conocida con el nombre de General Farfán, luego que, aproximadamente a las ocho y media de la noche, dos policías, Luis David Lora Alvarez y Carlos Alejandro Garan Mina, fueran acribillados en el interior de su patrullero por individuos no identificados, en el mencionado lugar.
Los informes indican que pocos minutos después del ataque armado contra los dos policías, se activaron las alarmas locales de prevención instaladas en el pueblo. Sin embargo, ningún miembro de la policía se hizo presente en los siguientes noventa minutos, por lo que la propia población civil intentó dar los primeros auxilios a los gendarmes, con resultados infructuosos. Posteriormente, hacia las diez de la noche, llegaron a General Farfán miembros de la Policía Nacional, acantonada en la capital provincial de Lago Agrio, con la intención de dar con el paradero de los asesinos de sus dos compañeros. Según las denuncias, los policías se comportaron de manera poco profesional, con actitudes violentas y bruscas contra la población civil, realizaron allanamientos a varias casas, y procedieron a detener a numerosas personas.
Se informa que fue detenido el ciudadano colombiano Fernando Sierra Rojas, quien reside en Ecuador junto con su familia, con estatus de Refugiado reconocido por el Estado Ecuatoriano y bajo el amparo del ACNUR. En el momento de la detención de su padre, su hijo, el joven Fernando Sierra Cruz, de 16 años de edad, también refugiado colombiano, intervino a favor de su padre pidiendo que no lo maltrataran físicamente, ante lo cual los policías amenazaron con detenerlo. En medio de la confusión y pánico, el joven Sierra Cruz salió corriendo y los miembros de la Policía Nacional lo acribillaron a balazos.
Sin implicar de antemano, una conclusión sobre los hechos, deseo llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre las normas fundamentales enunciadas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 6 de este instrumento garantiza a todo individuo el derecho a la vida y a la seguridad de su persona y disponen que este derecho sea protegido por la ley y que nadie sea arbitrariamente privado de su vida.
Quisiera instar a su Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas de conformidad con los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias, o sumarias, resolución 1989/65 del 24 de mayo de 1989 del Consejo Económico y Social. Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas eficaces para evitar que se repitan tales hechos.
Es mi responsabilidad de acuerdo con el mandato que me ha entregado la Comisión de Derechos Humanos y reforzado por las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, intentar conseguir clarificación sobre los hechos llevados a mi atención. En mi deber de informar sobre esos casos al Consejo de Derechos Humanos, estaría muy agradecido de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes:
1. ¿Son exactos los hechos a los que se refieren las alegaciones?
2. ¿Fue presentada alguna queja?
3. Por favor, proporcione información detallada sobre las investigaciones iniciadas en relación con el caso, incluyendo los resultados de los exámenes médicos llevados a cabo. Si éstas no tuvieron lugar o no fueron concluidas, le rogamos que explique el porqué.
4. Por favor, proporcione información detallada sobre las diligencias judiciales y administrativas practicadas. ¿Han sido adoptadas sanciones de carácter penal o disciplinario contra los presuntos culpables?
5. Por favor, indique los familiares de Fernando Sierra Cruz obtuvieron algún tipo de compensación a modo de indemnización.
Respuesta del Gobierno de Ecuador del 7 de julio de 2006
El Gobierno informó que la comunicación del Relator ha sido trasladada inmediatamente y con carácter urgente, a las autoridades competentes ecuatorianas a través del Ministerio de Relaciones exteriores, a fin de esclarecer el caso y cumplir con su requerimiento de información conforme a su mandato. En cuanto la Misión Permanente reciba la respuesta, será transmitida al relator especial.
Correspondence from 2005
The record of correspondence for 2005 is excerpted from the official United Nations report, E/CN.4/2005/7/Add.1.
Country: Ecuador
Type, date and summary of communication: Llamamiento urgente, enviado junto con el RE sobre la tortura, 5 de noviembre de 2003, see E/CN.4/2004/7/Add1 paragraph 141.
Government reply: Respuesta del 26 de enero de 2004. De acuerdo con el Gobierno, relativo a las amenazas en contra del Sr. Murillo, el Ministerio Fiscal de los Ríos con sede en Quevedo ha iniciado una investigación previa. Luego, el caso fue remitido al juez penal del cuarto distrito de la policía nacional de conformidad con el art. 142 del código penal de la policía civil nacional.
Observation of the Special Rapporteur: El Relator especial especial agradece el Gobierno por su respuesta. El Relator especial agradecería información precisa sobre la investigación relativa a la tortura sufrida en detención por el Señor Murillo en noviembre de 2003. Asimismo, le interesaría recibir información sobre las posibles sanciones contra los agentes de policía responsables de dicha tortura.
Country: Ecuador
Type, date and summary of communication: Llamamiento urgente, enviado con el Relator Especial sobre la promoción y proetección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, 11 de febrero de 2004. Los periodistas Miguel Rivadeneira, (del periódico El Comercio y de radio Quito) Marco Pérez Torres (de radio Tarqui), Paco Velasco (de radio La Luna) y Kintto Lucas (de la revista Tintají) estarían víctimas de hostigamientos y habrían recibido amenazas de muerte durante los últimos meses por haber criticado a las autoridades ecuadorianas y al Gobierno del presidente Lucio Gutiérrez.Miguel Rivadeneira, director del programa de noticias ecuatoriano en radio Quito habría recibido amenazas telefónicas ordenándole que dejara de criticar al Gobierno después de que denunció actos de corrupción involucrando a miembros del ejército y familiares del presidente Lucio Gutiérrez. De acuerdo con las informaciones recibidas, las autoridades denunciaron tales amenazas y declararon que no tolerarían violaciones del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, se informa que el 3 y 4 de febrero de 2004, mediante declaraciones del presidente Lucio Gutiérrez y de otras autoridades, el gobierno ecuatoriano habría amenazado a radio La Luna con un posible cierre. El argumento sería que la emisora estaría afectando la honra del presidente y de todo el gobierno. Se informa también que periodistas de radio La Luna habrían criticado fuertemente al Gobierno por haber detenido al líder indígena Humberto Cholango en diciembre de 2003. Además, se señala que el director de la emisora, Paco Velasco, habría recibido llamadas amenazando a su familia; el gobierno habría declarado que iba a presentar una denuncia contra él.Asimismo, Marco Pérez Torres, el nuevo director de Radio Tarqui, habría recibido amenazas de muerte en septiembre y diciembre de 2003 ordenándole que dejara de criticar al gobierno. Se informa que Kintto Lucas, correspondente de la revista Tintají, también habría recibido amenazas de muerte supuestamente por haber criticado al Gobierno.
Government reply: No respuesta.
Country: Ecuador
Type, date and summary of communication: Llamamiento urgente, enviado con el Relator Especial sobre la promoción y proetección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y el Relator Especial sobre la tortura, 17 de marzo de 2004. Patricio Ordóñez Maico, miembro de la Fundación Amigos por la Vida, una organización no gubernamental que trabaja para los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, habría sido detenido en mayo y junio de 2001 por agentes de la Policía Nacional en Quito. Durante su primera detención habría sido sometido a abusos sexuales por un agente que le habría amenazado de muerte en caso de que denunciara los hechos. Sin embargo, en junio de 2001 habría presentado una denuncia ante la Policía Nacional. Desde que interpuso su primera denuncia, Patricio Ordóñez Maico habría recibido varias amenazas de muerte y el 12 de marzo de 2004 habría sufrido un atento contra su vida dentro de la sede de su ONG . Habría conseguido escapar pero habría resultado herido en el pecho y la espalda. El intruso no habría robado nada, y todo indicaría que su única intención era atacar a Patricio Ordóñez Maico. Habría presentado una denuncia ante la Policía Judicial de Guayaquil. El incidente del 12 de marzo de 2004 habría ocurrido una semana después de que Patricio Ordóñez Maico expuso su caso durante una reunión organizada en Quito por la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Government reply: No respuesta.
Country: Ecuador
Type, date and summary of communication: Llamamiento urgente, enviado con el Relator Especial sobre la promoción y proetección del derecho a la libertad de opinión y de expresióne, y la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 26 de abril de 2004. Patricio Ordóñez Maico, miembro de la Fundación Amigos por la Vida, una organización no gubernamental que trabaja para los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales habría recibido varias amenazas de muerte y estaría víctima de hostigamiento. El 11 de abril de 2004 en la Fundación Amigos por la Vida se habría recibido una llamada telefónica anónima anunciando que se iba a colocar una bomba. El mismo día, un individuo vestido en de civil que se habría identificado como miembro de la Policía Nacional de Ecuador habría acudido a la Fundación Amigos por la Vida. Habría dicho que venía para llevar a Patricio Ordóñez Maico a la comisaría para que hiciera una declaración. Cuando el personal de la Fundación le pidió que mostrara su identificación, el individuo se habría en coche sin placa de matrícula.
Government reply: No respuesta.
Correspondence from 2004
The record of correspondence for 2004 is excerpted from the official United Nations report, E/CN.4/2004/7/Add.1.
Llamamiento urgente
El 5 de noviembre de 2003 la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, envió al Gobierno del Ecuador un llamamiento urgente en relación con Wilmer Lucio León Murillo, quien habría sido detenido junto con otras tres personas el 21 de julio de 2003, por agentes de la policía cuando se desplazaban en coche por la ciudad de Quevedo. Según las informaciones, habrían sido detenidos sin ninguna orden, bajo sospecha de pertenecer a un conocido grupo armado. Estas personas habrían sido introducidas en un vehículo de la policía y conducidos con la cabeza cubierta a un paradero desconocido a las afueras de Quevedo. Allí, Wilmer Lucio León habría sido torturado y maltratado. Horas más tarde habría sido conducido a una comisaría de policía y seguidamente puesto en libertad por decisión del procurador quien habría declarado que no existían pruebas contra él y que su detención había sido ilegal. El 24 de julio, Wilmer Lucio León Murillo habría presentado denuncia por tortura y malos tratos a los que habría sido sometido durante su detención, hecho que habría dado lugar a una investigación contra los agentes implicados. Desde entonces, Wilmer Lucio León Murillo habría recibido, en varias ocasiones, amenazas de muerte. El 26 de octubre, uno de los agentes investigados habría avisado a un amigo de la víctima de que “le matarían y que nadie sabría nada”. A la luz de estas amenazas, se han expresado temores por la vida y la integridad física de Wilmer Lucio León Murillo.
Correspondence from 2003
The record of correspondence for 2003 is excerpted from the official United Nations report, E/CN.4/2003/Add.1.
Llamamiento urgente
El 4 de febrero de 2002, la Relatora Especial mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Ecuador relativo a David Delgado Galarza y Carlos Lara Silva, menores de edad. De acuerdo con las informaciones recibidas, habrían sido detenidos por seis agentes de la Policía Nacional en el barrio de Rita Lecumberri en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas. Habrían sido encontrados muertos al día siguiente. Se informó de que los seis agentes de la policía que habrían detenido a los dos menores habrían sido identificados y habrían comparecido ante un tribunal disciplinario de la policía después de una denuncia presentada por las familias de los jóvenes ante la Fiscalía del departamento de Guayas. Se alegó que los policías habrían sido suspendidos del servicio y estarían actualmente detenidos. Por otra parte, el 17 de enero de 2002, Geovanny Nelson Borja Ulloa y Javier Roberto Zambrano Vivar, que habrían sido testigos de la detención de los dos jóvenes mencionados, habrían sido víctimas de hostigamiento.
El 7 de junio de 2002, la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Ecuador relativo a la situación de Luis Villacís Maldonado, Stalin Vargas Acosta, Gustavo Terán Acosta y Ciro Guzmán Aldaz, todos miembros del partido Movimiento Democrático Popular. Según las informaciones recibidas, Stalin Vargas Meza, diputado del MDP, y Ciro Guzmán Aldaz, representante nacional del MDP, habrían recibido unas llamadas amenazándole de muerte el 20 de mayo de 2002. En cuanto a Luis Villacís Maldonado, candidato para las próximas elecciones presidenciales, y Gustavo Terán Acosta, representante nacional del MDP, también habrían recibido varias llamadas amenazándoles de muerte. Se informó de que estas llamadas se habrían realizado desde el mismo teléfono en una empresa de Quito. Los informes añaden que los cuatro miembros del MPD habrían enviado el 28 de mayo una carta al Ministerio del Interior informándole de estos actos de intimidación. Se informó de que aún no habrían recibido ninguna respuesta. Estas amenazas podrían estar relacionadas, en vísperas de las elecciones presidenciales, con la campaña del MDP, en la cual se criticaría fuertemente al gobierno actual.
Comunicación recibida
Por carta de 11 de febrero de 2002, el Gobierno de Ecuador informó a la Relatora especial que transmitió su llamamiento urgente de 4 de febrero de 2002 al Ministerio de Gobierno y Policía del Ecuador relativo a las supuestas ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes David Delgado Galarza y Carlos Lara Silva y amenazas a sus familiares y testigos del caso.
Correspondence from 1983-2002
The United Nations Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions has been corresponding with Governments regarding alleged violations since the mandate was established over two decades ago. While the Project on Extrajudicial Executions is making efforts to provide easily browsed versions of as many years as possible, much of the earlier correspondence is available only in the PDF versions of reports from 1983 to the present.