Guatemala: Visits & Communications
Correspondence from 2007
The record of correspondence for 2007 is excerpted from the official United Nations report, A/HRC/4/20/Add.1.
Guatemala: Muerte de Juan Pablo Méndez Cartagena y Ataque contra Kevin Robles
Violación alegada: Muerte a consecuencia de ataque o asesinato por las fuerzas de la policía
Persona objeta del llamamiento: 2 individuales (un menor atacado debido a su orientación sexual y un defensor de los derechos humanos)
Carácter de la respuesta: No respuesta
Observaciones del Relator Especial
El Relator Especial lamenta que el Gobierno de Guatemala no haya cooperado con el mandato otorgado al Relator Especial por la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos.
Llamamiento urgente del 10 de febrero de 2006
Quisiera señalar a la atención urgente de su Gobierno la información que he recibido relativa al ataque armado a manos de la policía en contra de dos travestís profesionales del sexo, a saber Kevin Robles, alias Sulma, y Juan Pablo Méndez Cartagena, alias Paulina.
De acuerdo con la información recibida, en la madrugada del 17 de diciembre Sulma y Paulina se encontraban en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, en la intersección entre la Cuarta Avenida y la Calle 11, cuando cuatro hombres en motocicleta, que según testigos llevaban uniformes de la policía, les ordenaron que se detuvieran, y luego dispararon contra ellas. Paulina recibió dos disparos en la cabeza, y murió minutos después. Sulma recibió tres disparos, pero sobrevivió. Se encuentra en estado grave pero estable en el hospital. Habla con dificultad, pues, según los informes, una de las balas le destrozó todos los dientes superiores.
Sulma y Paulina colaboraban desde años con la Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al SIDA (OASIS), organización que trabaja para prevenir el VIH/sida y presta apoyo a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Paulina había empezado a trabajar como empleada asalariada de OASIS en 2004, y desde entonces sólo había tenido que ganar dinero ocasionalmente como profesional del sexo.
OASIS ha pedido protección especial para Sulma, ya que agentes de la policía están patrullando las calles cerca del lugar donde se produjeron los disparos, en un aparente esfuerzo para intimidar a los testigos. Informes indican que la Procuraduría de los Derechos Humanos transmitió dicha solicitud al Ministerio de Gobernación. Sin embargo, hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida de seguridad a favor de Sulma.
Sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos, requiero al Gobierno de su Excelencia que protege con efecto inmediato a Sulma y que aparte de sus puestos a todos los agentes implicados en las amenazas y homicidios. Además, solicito al Gobierno que me informe sobre los progresos realizados en las investigaciones sobre el asesinato y el ataque en contra de Paulina y Sulma.
Es mi responsabilidad de acuerdo con el mandato que me ha entregado la Comisión de Derechos Humanos y reforzado por las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, intentar conseguir clarificación sobre los hechos llevados a nuestra atención. En mi deber de informar sobre esos casos a la Comisión, estaría muy agradecido de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes:
- Son exactos los hechos referidos? Si no, para que se refute esas denuncias? Favor de proporcionar los resultados de la diligencia producida, incluyendo autopsias efectuadas.
- Si fue presentada una queja, cuales son las acciones proporcionadas en respuesta?
- Por favor, proporcione los detalles así como los resultados, en caso que sean disponibles, de las diligencias, judiciales o de otro tipo, realizadas en relación a este caso.
- Por favor, proporcione los detalles de cualquier diligencia que haya sido emprendida.
- Por favor, indique si alguna compensación fue otorgado a la familia de Paulina y a Sulma.
Guatemala: Amenazas de Muerte en contra de Maynor Roberto Berganza Betancourt y su Familia
Violación alegada: Amenazas de muerte
Persona objeta del llamamiento: Un hombre (abogado y defensor de los derechos humanos) y su familia
Carácter de la respuesta: Respuesta cooperativa pero incompleta
Observaciones del Relator Especial
El Relator Especial agradece al Gobierno de Guatemala por su respuesta. El Relator Especial espera información sobre los resultados de las investigaciones mencionadas en dicha respuesta.
Llamamiento urgente del 27 de octubre de 2006
Quisiera llamar la atención de su Gobierno sobre la información que he recibido con relación a las amenazas de muerte en contra del abogado y defensor de los derechos humanos Maynor Roberto Berganza Betancourt, que encontré durante mi visita a Guatemala entre el 21 y 25 de Agosto de este año.
De acuerdo a la información recibida, el 22 de Agosto, el Sr. Berganza Bethancourt recibió una llamada telefónica en la que un desconocido le dijo: "dejémonos de rodeos, pertenezco a una banda del crimen organizado y nos contrataron para matarlo". El Sr. Berganza colgó el teléfono pero según mís fuentes, unos minutos después el mismo desconocido volvió a llamar y añadió: "así como nos bajamos al gobernador así te vamos a bajar a vos. Ahora te vamos a ir a sacar de donde estás, porque te tenemos controlado".
Según se me ha informado, el 24 de Agosto, un desconocido llamó al celular del Sr. Berganza Bethancourt y lo amenazó diciéndole: "Si no quiere a su familia, hay dos personas que están conmigo que me están pidiendo que les demos agua". Ese mismo día un desconocido habría entrado a la oficina del Sr. Berganza Bethancourt. Cuando se le cuestionó sobre el motivo de su visita, el hombre mostró un carnet de miembro del "Comité Central de Acción". Al preguntársele dónde estaba ubicada la sede de la organización, el hombre respondió que en "La Casa Presidencial" e inmediatamente se fue de la oficina.
A través de una carta enviada el 7 de septiembre de 2006, el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados y el Representante Especial del Secretario-General para los defensores de los derechos humanos, informaron al Gobierno de su Excelencia sobre algunas de las amenazas de muerte que venía recibiendo el Sr. Berganza Betancourt y respetuosamente solicitaron que se les informara sobre las medidas adoptadas para garantizar su integridad física y psicológica.
Sin embargo, teniendo en cuenta que las amenazas de muerte en contra del Sr. Berganza continúan y que hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta por parte de su Gobierno con relación a este caso, deseo expresar mi inquietud por la seguridad del Sr. Berganza Bethancurt, e informar con profunda preocupación que las amenazas descritas en la presente carta podrían estar ligadas a la entrevista personal que el Sr. Berganza Bethancout sostuvo conmigo, en mi calidad de Relator Especial para las ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, durante mi visita a Guatemala entre el 21 y 25 de Agosto de este año.
Teniendo en cuenta la urgencia del caso, agradecería recibir del Gobierno de su Excelencia una respuesta sobre las acciones emprendidas para garantizar la seguridad del Sr. Berganza Bethancourt y su familia, la investigación exhaustiva e imparcial de las amenazas en su contra, y la imposición de sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas.
Asimismo, quisiera llamar la atención de su Gobierno sobre las siguientes normas y principios que son particularmente significativos con respecto a las denuncias mencionadas precedentemente:
- Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, resolución 1989/65 de 24 de mayo de 1989 del Consejo Económico y Social. En particular, los principios 4 y 9 a 19 obligan a los Gobiernos a garantizar una protección eficaz, judicial o de otro tipo, a los particulares y grupos que estén en peligro de ejecución extralegal, arbitraria o sumaria, en particular a aquellos que reciban amenazas de muerte. Los Gobiernos deben proceder a una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que haya sospecha de tales ejecuciones o amenazas; publicar en un informe las conclusiones de estas investigaciones; y velar por que sean juzgadas las personas que la investigación haya identificado como participantes en tales ejecuciones, en cualquier territorio bajo su jurisdicción.
- Principios básicos sobre la función de los abogados, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990. Según los principios 16 y 17, los gobiernos garantizarán que los abogados puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas y sin sufrir, ni estar expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole. Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.
Además, deseo llamar la atención del Gobierno de Su Excelencia sobre la resolución 1994/70, adoptada por la Comisión de Derechos Humanos el 9 de marzo de 1994, la cual pide a los Gobiernos, entre otras cosas, que se abstengan de todo acto de intimidación o represalia contra particulares y grupos que traten de cooperar o hayan cooperado con representantes de los órganos de las Naciones Unidas, prestando testimonio ante ellas, proporcionándoles información, valiéndose de los procedimientos establecidos bajo los auspicios de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y presentándoles comunicaciones, o prestando asistencia jurídica con tal fin. Según esta resolución, también deben ser protegidos los parientes de víctimas de violaciones de los derechos humanos.
De acuerdo con el mandato que me ha entregado la Comisión de Derechos Humanos, mandato reforzado por las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, es mi responsabilidad intentar conseguir clarificación sobre los hechos llevados a mi atención. En mi deber de informar sobre esos casos al Consejo de Derechos Humanos, estaría muy agradecido de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes:
1. ¿Son exactos los hechos a los que se refieren las alegaciones presentadas?
2. ¿Fue presentada alguna queja?
3. Por favor, proporcione información detallada sobre las investigaciones iniciadas en relación con con las amenazas en contra del Sr. Maynor Roberto Berganza Betancourt.
4. Por favor, proporcione información detallada sobre las diligencias judiciales y administrativas practicadas. ¿Han sido adoptadas sanciones de carácter penal o disciplinario contra los presuntos culpables?
5. Por favor, proporcione información sobre las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del Sr. Maynor Roberto Berganza Bethancourt y su familia.
Respuesta del Gobierno de Guatemala del 15 de diciembre de 2006
Respuesta del Estado de Guatemala sobre las observaciones que realiza el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, en la cual se solicita, de respuesta a las observaciones sobre el caso del señor Maynor Roberto Berganza Bethancourt.
I- Antecedentes de la comunicación:
El Estado de Guatemala, fue notificado de 1a Comunicación de fecha 7 de septiembre de 2006, emitida par et Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales en la cual se solicita, de respuesta a las observaciones sobre el caso del señor Maynor Roberto Berganza Betancourt.
El Estado de Guatemala, por medio de ministerio público está realizando la investigación de mérito sobre los hechos denunciados los días 12 y 22 de agosto del presente año.
A la interrogante, Fue presentada alguna queja sobre este extremo? el Estado de Guatemala indica:
El día 22 de agosto de 2006, el Señor Berganza presentó denuncia penal en la oficina de atención permanente del ministerio público. En cuanto al tema sobre cuales han sido las diligencias judiciales y administrativas practicadas, la comisión presidencial coordinadora de la política del ejecutivo en materia de derechos humanos, el 6 de septiembre de 2006, coordinó con el ministerio de Gobernación y el señor Berganza Betancourt, seguridad personal, como medida preventiva con el objeto de salvaguardar la integridad física y la vida de este.
Debido a lo anterior, desde el día 6 de septiembre de 2006 el señor Berganza Betancourt, cuenta con seguridad de tipo personal, por parte del estado de Guatemala.
En cuanto a las actuaciones de índole judicial el estado de Guatemala manifiesta que, el ministerio Público está realizando las investigaciones para individualizar a los responsables de los hechos denunciados.
El Ministerio Público, asignó a la Fiscalía segunda de desjudilización, para que lleva a cabo la investigación de los hechos denunciados, por el señor Berganza; debido a lo anterior el día 17 de noviembre de 2006 se ofició a la dirección de investigaciones del ministerio público para realizar la investigación de mérito, adicionalmente el día 27 de noviembre del presente año se citó al señor Berganza Betancourt para que ratifique la denuncia presentada y amplié la ya presentada si lo considera necesario.
Sobre las medidas adopdatas para garantizar la seguridad del Señor Maynor Roberto Berganza Betancourt:
Como se indicó con anterioridad el Estado de Guatemala, por medio de la dirección de protección a personalidades de la policía nacional civil está brindando seguridad preventiva de tipo personal al señor Berganza Betancourt desde el día 6 de septiembre de 2006.
Debido a las observaciones antes indicadas el Estado de Guatemala solicita:
- se agregue a sus antecedentes las presentes observaciones del Estado de Guatemala;
- se tengan por presentadas las observaciones del estado de Guatemala
- se tome nota que, el Estado de Guatemala desde el 6 de septiembre de 2006, otorgó seguridad de tipo personal al señor Maynor Roberto Betancourt.
Guatemala: Muerte de Florentín Gudiel Ramos y Amenazas de Muerte contra su Familia
Violación alegada: Muerte a consecuencia de ataque o asesinato por fuerzas de seguridad o por grupos paramilitares; Amenazas de muerte
Persona objeta del llamamiento: 1 hombre y 1 mujer (defensores de los derechos humanos) y su familia
Carácter de la respuesta: No respuesta. (Comunicación reciente)
Observaciones del Relator Especial
El Relator Especial espera recibir una respuesta a sus alegaciones.
Carta de alegación del 30 de noviembre de 2006
Quisiera llamar la atención de su Gobierno sobre la información que he recibido con relación a la muerte del Sr. Florentín Gudiel Ramos y a las amenazas contra su familia.
Según las informaciones recibidas, el día 20 de diciembre de 2004 a las diez de la mañana el Sr. Gudiel se dirigía en bicicleta a su casa, ubicada en la Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa. Trescientos metros antes de llegar a su casa fue interceptado por hombres armados en una camioneta gris con vidrios polarizados, quienes le dispararon por la espalda con una escuadra 9mm. Cuando el Sr. Gudiel hizo un esfuerzo por levantarse, uno de los hombres le puso el pie en el pecho, le disparó en la sien izquierda y luego procedió a dispararle un tiro de gracia. Después de estos tiros, uno de los atacantes disparó varios tiros al aire.
Durante los ritos del velorio y en los días siguientes la familia y los amigos de la víctima recibieron varias amenazas. Alrededor de las nueve de la noche del día del ataque, una presunta patrulla de siete militares encabezados por “Kaibil” llegó en una camioneta blanca sin placas y se apostaron frente de la casa del Sr. Gudiel. Uno de los presuntos soldados, portando un rifle con mira telescópica, se subió un árbol. En otro día, durante el rezo de la novena, un coche rojo con hombres armados y vistiendo playeras del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), se apostó frente a la casa. Las personas que participaban en los rezos empezaron a recibir amenazas indicando que sufrirían la misma suerte que el Sr. Gudiel. Los miembros de la familia del Sr. Gudiel, en particular su hija, Sra. Makrina Gudiel Alvarez, también recibieron mensajes indicando que deben huir. Al término de la novena, el 29 de diciembre, la familia dejó sus casas en compañía de la Policía Municipal de Tránsito de Santa Lucía Cotzumalguapa.
Se teme que el homicidio y las amenazas puedan estar ligados al trabajo de Sr. Gudiel y su hija. Sr. Gudiel fue involucrado en varios esfuerzos escolares y comunitarios. También, junto con su familia, había estado buscando justicia ante la desaparición forzada de su hijo José Miguel Gudiel Álvarez, y quince días antes de su muerte había ido a dejar los últimos papeles para completar su expediente. La Sra. Gudiel está involucrada en movimientos sociales y fue oficial y candidata de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Ella también ha participado en la elaboración del expediente de su hermano.
En estas circunstancias, y sin implicar de antemano una conclusión sobre los hechos, hago un llamado al Gobierno de Su Excelencia para que me proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas para garantizar la investigación de las violaciones mencionadas en esta carta, así como el procesamiento y castigo de las personas responsables de dichas violaciones.
A este respecto, me gustaría llamar la atención de su Gobierno sobre artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que provee que los Estados partes deben “respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto,” incluyendo el derecho a la vida. Según esta obligación general, los Estados deben investigar, enjuiciar y castigar efectivamente cualquiera privación arbitraria de la vida. (Véase Comité de Derechos Humanos, Arhuacos v. Colombia, Comunicación 612/1995, § 8.8; Comité de Derechos Humanos, Observación General 31). También, me gustaría llamar la atención de su Gobierno sobre los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, resolución 1989/65 del 24 de mayo de 1989 del Consejo Económico y Social. En particular, llamo la atención sobre los principios 9 y 19 según los cuales, que explican detalladamente estos deberes.
De acuerdo con el mandato que me ha entregado la Comisión de Derechos Humanos, mandato reforzado por las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, es mi responsabilidad intentar conseguir clarificación sobre los hechos llevados a mi atención. En mi deber de informar sobre esos casos al Consejo de Derechos Humanos, estaría muy agradecido de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes:
1. ¿Son exactos los hechos referidos?
2. Por favor, proporcione información detallada sobre las investigaciones iniciadas con relación a la muerte del Señor Florentín Gudiel.
3. Por favor, proporcione información detallada sobre las diligencias judiciales y administrativas practicadas. ¿Han sido adoptadas sanciones de carácter penal o disciplinario contra los presuntos culpables?
4. Por favor, indique si las víctimas o sus familiares obtuvieron algún tipo de compensación a modo de indemnización.
Guatemala: Muerte de Adilio Darinel Domingo
Violación alegada: Impunidad
Persona objeta del llamamiento: 1 hombre
Carácter de la respuesta: No respuesta. (comunicación reciente)
Observaciones del Relator Especial
El Relator Especial espera recibir una respuesta a sus alegaciones.
Carta de alegación del 30 de noviembre de 2006
Quisiera llamar la atención de su Gobierno sobre la información que he recibido con relación a la muerte del Sr. Adilio Darinel Domingo.
Según las informaciones recibidas, el 21 de enero de 2006, el Sr. Adilio Darinel Domingo Montejo salió de su casa, ubicada en la Colonia Alioto López de Villa Nueva, Guatemala, y no regresó. Su cuerpo fue encontrado por uno de sus hermanos el 26 de enero, en la morgue de Amatitlán. Presentaba severas señales de tortura, degollado y con ambas piernas cercenadas a la altura de la ingle. Sólo una de sus piernas fue encontrada al momento del hallazgo del cuerpo. La otra fue encontrada una semana después, cerca de un barranco, en la zona 12 capitalina.
Dadas las condiciones, parece obvio que el Sr. Montejo fue asesinado por razones ajenas a la delincuencia común, y se teme que este homicidio pueda estar relacionado con el trabajo de uno de sus hermanos, el Sr. Mario Gonzalo Domingo Montejo, que actúa como Coordinador del Área de Defensa de la Dignidad Humana, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispo de Guatemala. Dentro de las actividades realizadas por ésta Oficina, resaltan las investigaciones y el proceso del caso por el caso del Monseñor Juan José Gerardi Conedera ocurrida el 26 de abril de 1998. El juicio para esclarecer la muerte del Monseñor Gerardo Conedera concluyó el 7 de junio del año 2001, con sentencia para cuatro personas: el coronel Byron Disrael Lima Estrada, el capitán Byron Miguel Lima Oliva, el especialista del Ejército José Obdulio Villanueva Arévalo, y el sacerdote Mario Lionel Orantes Nájera, los tres primeros como autores del delito de ejecución extrajudicial, y el último por complicidad del mismo. La sentencia fue modificada en marzo de 2005, en donde se les endilgó, a todos, como cómplices del delito de ejecución extrajudicial. El expediente fue elevado ante la Corte Suprema de Justicia por interposición del recurso técnico de casación, y al respecto se dictó sentencia el día 9 de enero de 2006, la cual fue notificada el 12 de enero de 2006.
En estas circunstancias, y sin implicar de antemano una conclusión sobre los hechos, hago un llamado al Gobierno de Su Excelencia para que me proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas para garantizar la investigación de las violaciones mencionadas en esta carta, así como el procesamiento y castigo de las personas responsables de dichas violaciones.
A este respecto, me gustaría llamar la atención de su Gobierno sobre artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que provee que los Estados partes deben “respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto,” incluyendo el derecho a la vida. Según esta obligación general, los Estados deben investigar, enjuiciar y castigar efectivamente cualquiera privación arbitraria de la vida. (Véase Comité de Derechos Humanos, Arhuacos v. Colombia, Comunicación 612/1995, § 8.8; Comité de Derechos Humanos, Observación General 31). También, me gustaría llamar la atención de su Gobierno sobre los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, resolución 1989/65 del 24 de mayo de 1989 del Consejo Económico y Social. En particular, llamo la atención sobre los principios 9 y 19 según los cuales, que explican detalladamente estos deberes.
De acuerdo con el mandato que me ha entregado la Comisión de Derechos Humanos, mandato reforzado por las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, es mi responsabilidad intentar conseguir clarificación sobre los hechos llevados a mi atención. En mi deber de informar sobre esos casos al Consejo de Derechos Humanos, estaría muy agradecido de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes:
1. ¿Son exactos los hechos referidos?
2. Por favor, proporcione información detallada sobre las investigaciones iniciadas con relación a la muerte del Señor Adilio Darinel Domingo Montejo.
3. Por favor, proporcione información detallada sobre las diligencias judiciales y administrativas practicadas. ¿Han sido adoptadas sanciones de carácter penal o disciplinario contra los presuntos culpables?
4. Por favor, indique si las víctimas o sus familiares obtuvieron algún tipo de compensación a modo de indemnización.
Correspondence from 2004
The record of correspondence for 2004 is excerpted from the official United Nations report, E/CN.4/2004/7/Add.1.
Llamamientos urgentes
El 15 de agosto de 2003, la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, envió un llamamiento urgente en relación con la situación de peligro en que se encontraría Mario Estuardo Garrido Batres, coordinador del proyecto reconciliación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y director de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces (ADIVINA), como consecuencia de una serie de amenazas de muerte que vendrían siendo dirigidas en su contra. Según informaciones, el 5 de agosto del 2003 a las 14.40., Mario Garrido habría recibido unas llamadas telefónicas anónimas amenazándole de muerte y diciéndole: “estás pendiente ya sabemos donde estás, estás ubicado, te vamos a matar, con mis amigos del SIC [Servicio de Investigación Criminal] y del estado mayor presidencial”. Las llamadas serían producto de una estrategia sistemática de intimidaciones y amenazas en contra de los activistas de derechos humanos que desarrollan sus actividades de asistencia legal a las víctimas en el municipio de Rabinal. Estas actividades involucrarían los trámites de denuncias de cementerios clandestinos frente al ministerio público, así como la coordinación de exhumaciones con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). De acuerdo con las informaciones, el hecho habría sido denunciado ante la Auxiliatura Departamental del Procurador de los Derechos Humanos de Baja Verapaz y el ministerio público.
El 19 de agosto de 2003, la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, envió un llamamiento urgente en relación con la FAFG y sus miembros, en particular, Jessika Marisela Osorio Galindo, secretaria de la dirección de arqueología forense, quien habría recibido amenazas de muerte e intimidaciones. Según informaciones, el 29 de julio de 2003 se habría recibido una llamada intimidatoria en la recepción de las oficinas de la FAFG. Asimismo se informó que el 13 de julio, aproximadamente a las 14.15, mientras Jessika Osorio conducía un vehículo en compañía de su hermano Oscar Estuardo Osorio Galindo, fue amenazada por un hombre conduciendo un pick-up color rojo quien la habría seguido hasta su casa en donde también la habría insultado. Según la información recibida, sería la segunda vez que Jessika Osorio es objeto de hostigamiento. Hechos similares habrían ocurrido el 27 de junio. Otros miembros de la organización también habrían sido amenazados e intimidados, en particular Omar Bertoni Girón, antropólogo forense de la institución quien habría recibido un escrito anónimo el 13 de junio. El 1.º de mayo, el domicilio de Leonel Estuardo Paiz Diez habría sido vigilado por un desconocido. Finalmente el 29 de abril, Fredy Peccerelli, director ejecutivo de la FAFG, se habría percatado de un impacto de proyectil de arma de fuego en el portón de su residencia. Se teme que los ataques más recientes tengan relación con la actividad de derechos humanos de la FAFG, en particular su trabajo de excavación de los cementerios clandestinos que datan de los años 1982 y 1983, durante la presidencia del General Ríos Montt.
Respuestas del Gobierno
Mediante comunicación del 18 de agosto 2003, el Gobierno de Guatemala proporcionó información en relación con el llamamiento urgente que la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, había enviado el 13 de mayo de 2002 en relación con las amenazas contra algunos miembros de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achí (ADIVIMA). Según el Gobierno, en el curso de la investigación habría obtenido un informe detallado de las llamadas telefónicas recibidas en la sede de la asociación a pesar de lo cual no habría sido posible establecer la ocurrencia de algún hecho ilícito. Igualmente se habrían solicitado listas al Ministerio de Defensa con el fin de verificar si personas vinculadas a las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), durante la época del conflicto, pudieran ser las propietarias de las líneas telefónicas desde las cuales presuntamente se habrían efectuado las amenazas. Asimismo, se informó de que se habría llevado a cabo una revisión de las medidas de seguridad de las personas que se encuentran amenazadas.
Mediante comunicación del 13 de agosto de 2003, el Gobierno de Guatemala proporcionó información en relación con el llamamiento urgente que la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, había enviado el 8 de noviembre de 2001 en relación con las amenazas contra Francisco Javier Méndez Gámez. Según el Gobierno, las medidas de seguridad solicitadas por el Sr. Méndez Gámez se mantuvieron hasta noviembre de 2002, fecha en que dejó de trabajar para la Procuraduría de derechos humanos. Asimismo, informó de que no se tiene información respecto de nuevos hostigamientos ni amenazas en su contra.
Mediante comunicación del 13 de agosto de 2003, el Gobierno de Guatemala proporcionó información en relación con el llamamiento urgente que la Relatora Especial había enviado el 22 de octubre de 2002 en relación con las amenazas contra Carlos Mejía Paz. Según el Gobierno, la fiscalía general adjunta de Ixchiguán adelanta una investigación por tales hechos. Asimismo, el Gobierno informó que las autoridades continuarían brindándole seguridad permanente.
Mediante comunicación del 13 de agosto de 2003, el Gobierno de Guatemala proporcionó información en relación con el llamamiento urgente que la Relatora Especial había enviado el 24 de octubre de 2002 en relación con el intento de asesinato de niños y jóvenes en el sitio denominado “La Casona”. Según el Gobierno, se continúa a la espera de los resultados de las diligencias periciales practicadas. En cuanto a los testimonios informó que no se ha podido obtener resultados que permitan la individualización de los responsables del hecho.
Mediante comunicación del 13 de agosto de 2003, el Gobierno de Guatemala proporcionó información en relación con el llamamiento urgente que la Relatora Especial había enviado el 6 de marzo de 2002 respecto de las amenazas recibidas por miembros de la FAFG así como por miembros del Centro de Antropología Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA). Según el Gobierno, tales amenazas son objeto de investigación por parte del Departamento de investigaciones criminológicas de la policía nacional civil. Asimismo informó de que en agosto de 2002 los antropólogos forenses habrían solicitado continuar con la seguridad perimetral en sus viviendas así como en las oficinas de FAFG y CAFCA, y suspender la seguridad personal por cuanto no se considerarían amenazados. Finalmente informó de que en la actualidad solo dos antropólogos contarían con seguridad personal.
Mediante comunicación del 13 de agosto de 2003, el Gobierno de Guatemala proporcionó información suplementaria a la comunicación de fecha 3 de febrero de 2003, en relación con el llamamiento urgente que la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, había enviado el 11 de marzo de 2002 respecto de las amenazas recibidas por el obispo Álvaro Ramazinni y el sacerdote Juan José Aldaz Donamaría. Según el Gobierno, dentro de la investigación se han analizado los testimonios de varias personas sin que haya sido posible lograr la individualización de los responsables. Asimismo se informó de que en ambos casos se continúa prestando vigilancia perimetral en los lugares en que los religiosos desarrollan sus actividades.
El 13 de agosto de 2003, el Gobierno de Guatemala proporcionó información en relación con la comunicación que la Relatora Especial había enviado el 18 de septiembre de 2002 en relación con el homicidio de José Benjamín Pérez González. Según el Gobierno, mediante resolución de fecha 17 de octubre de 2002, el juez a cargo del caso habría decidido una solicitud de interrupción del procedimiento respecto de Cecilio Méndez Hernández, único detenido dentro de la investigación. Asimismo informó de que la investigación continúa con el fin de individualizar a los responsables del hecho.
Mediante comunicación del 13 de agosto de 2003, el Gobierno de Guatemala proporcionó información en relación con el llamamiento urgente que la Relatora Especial había enviado el 4 de julio de 2002 respecto de la situación de peligro en la que se encontrarían los miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC) y de la Asociación de la Comunidad de los Cerritos a raíz de los homicidios de dos de sus habitantes el 25 de junio de 2002. Según el Gobierno, de acuerdo con las declaraciones de los familiares de las víctimas, los homicidios habrían sido atribuidos a la delincuencia común y no a los conflictos de invasión de tierras. Asimismo informó que el ministerio público continúa con las investigaciones que permitan lograr la captura de los responsables.
Mediante comunicación del 25 de marzo de 2003, el Gobierno de Guatemala proporcionó información en relación con el llamamiento urgente que la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, había enviado el 17 de abril de 2002 en relación con las amenazas contra el periodista David Herrera Quevedo. Según el Gobierno, la investigación adelantada por la fiscalía especial de sindicalistas y periodistas no ha arrojado resultados que comprueben la veracidad de la denuncia. Asimismo informó que por medio de Interpol se está localizando en Ciudad de México al mencionado periodista.
Mediante comunicación del 6 de marzo de 2003, el Gobierno de Guatemala proporcionó información en relación con el llamamiento urgente que la Relatora Especial había enviado el 9 de julio de 2002 en relación con la situación de inseguridad en la que se encontrarían los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Creek Zarco así como los trabajadores de la plantación bananera Lanquin II, a raíz del homicidio de René Augusto Pérez Gutiérrez. Según el Gobierno, en desarrollo de las investigaciones, el servicio de investigación criminal habría recibido testimonios de testigos, los cuales habrían permitido la individualización de Jorge Ponce y Mario Ponce como presuntos autores intelectuales del homicidio. Asimismo informó de que no se habrían encontrado indicios sobre participación de elementos de seguridad gubernamental respecto de los hechos investigados.
Mediante comunicación del 4 de febrero de 2003, el Gobierno de Guatemala proporcionó información en relación con el llamamiento urgente que la Relatora Especial, junto con el Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, había enviado el 28 de noviembre de 2002 en relación a la situación del líder indígena Jorge Mocúa Caal. Según el Gobierno, los hechos del 12 de noviembre de 2002 habrían sido originados por la desaparición y posterior homicidio de la menor Dora Liliana Och Ché. En tal sentido señaló que se habría tratado de una manifestación en el parque central del municipio del Estor, mediante la cual los vecinos del lugar habrían solicitado la presencia de Jorge Mocúa Caal, a quien habrían acusado de encubrir al presunto asesino de la menor asesinada. Asimismo, informó que Jorge Mocúa Caal y su familia son objeto de medidas de seguridad perimetral. En cuanto a la investigación penal, el Gobierno informó que ésta no se habría iniciado en vista de que el afectado no presentó ninguna denuncia ante el ministerio público. Finalmente el Gobierno señaló que en ningún momento habría existido implicación de agentes de seguridad del Estado.
Mediante comunicación del 3 de febrero de 2003, el Gobierno de Guatemala proporcionó información en relación con el llamamiento urgente que la Relatora Especial había enviado el 8 de febrero de 2002 en relación con las amenazas de muerte contra Ovidio Paz Bal. Según el Gobierno, el 7 de noviembre de 2002 la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos habría efectuado una visita con el fin de conocer la situación del Sr. Paz Bal, quien habría informado sobre la cesación de los hostigamientos. Asimismo el Gobierno informó que continúa prestando protección perimetral por parte de la policía nacional civil.
Mediante comunicación del 3 de febrero de 2003, el Gobierno de Guatemala proporcionó información en relación con el llamamiento urgente que la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, había enviado el 3 de mayo de 2002 en relación con el homicidio de Guillermo Ovalle de León. Según el Gobierno, el 22 de agosto de 2002 el ministerio público habría presentado la acusación correspondiente contra las personas sindicadas, por lo que estaría a la espera para la audiencia ante el tribunal. Asimismo informó que un tercer sindicado habría sido puesto a disposición del tribunal de justicia. El Gobierno también informó que en coordinación con la oficina de atención a la víctima se habría procedido a brindar la atención a las personas afectadas en los hechos y que se continuaría prestando seguridad tanto a los testigos presenciales como a los miembros de la fundación Rigoberta Menchú Tum.
Mediante comunicación del 3 de febrero de 2003, el Gobierno de Guatemala proporcionó información en relación con el llamamiento urgente que la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, había enviado el 30 de abril de 2002 en relación con las amenazas de muerte contra el sacerdote Rigoberto Pérez Garrido. Según el Gobierno, se adelantaron las investigaciones correspondientes con el fin de individualizar los responsables de los hechos que ocasionaron el incendio del 21 de febrero de 2002. Con relación a las amenazas contra el sacerdote Rigoberto Pérez Garrido, el Gobierno informó que tales hechos no habrían sido puestos en conocimiento ante la instancia nacional encargada de la investigación penal.
Correspondence from 2003
The record of correspondence for 2003 is excerpted from the official United Nations report, E/CN.4/2003/Add.1.
Llamamientos urgentes
El 30 de enero de 2002, la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la libertad de opinión y expresión, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a Romildo Peña Cruz, Secretario General de la Unión de Trabajadores Municipales de Puerto Barrios. De acuerdo con las informaciones recibidas, habría recibido amenazas de muerte anónimas después de haber acusado al alcalde de Puerto Barrios de violar los derechos sindicales de los trabajadores municipales al denunciar actos de corrupción en el municipio. Los Relatores expresaron su profunda preocupación con respecto a la situación de Romildo Peña Cruz, puesto que otro periodista, Mynor Alegría, habría sido asesinado en Puerto Barrios tras haber denunciado también indicios de corrupción en el mismo municipio.
El 8 de febrero de 2002, la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a Ovidio Paz Bal, asesor jurídico para la oficina de Sololá de la organización Defensoría Indígena. Se informó que desde el 26 de enero de 2002, habría recibido amenazas de muerte por teléfono. Ovidio Paz Bal las habría denunciado al Procurador de Derechos Humanos, a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) así como a la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH). Se informó también de que Dionisio Camaja Sánchez, profesor y activista de derechos humanos para la organización Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), habría recibido amenazas de muerte por teléfono el 7 de febrero de 2002, que también habrían sido denunciado ante el Procurador de Derechos Humanos, a la MINUGUA y a la COPREDEH.
El 20 de febrero de 2002, la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala con respecto a las amenazas de muerte y otras agresiones contra periodistas en la ciudad de Guatelama. Según las informaciones recibidas, el 1 de febrero de 2002, Carlos Victor Hugo Hernández Rivas, director de los informativos radiofónicos Impacto (transmitido por Radio La Voz de Huehuetenango) y Ultimas Noticias (transmitido por Radio Santa Fe, también de Huehuetenango) habría sufrido un registro ilegal de su oficina administrativa. Se han recibido informaciones según las que varios fiscales del ministerio público acompañados de miembros del Servicio de Investigaciones Criminales (SIC) y de diez agentes de la Policía Civil Nacional habrían llegado a su oficina en vehículos de la policía y privados. De acuerdo con las informaciones recibidas, habrían entrado por la fuerza en la oficina fuera de las horas autorizadas para esos registros, y al parecer sin orden judicial, y habrían registrado los archivos. Hernández Rivas habría luego presentado una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. Asimismo se informó de que Arnulfo Agustín Guzmán, director general de la emisora Radio Sonora, situada en la ciudad de Guatemala, habría recibido amenazas de muerte y sufrido un intento de secuestro a manos de un grupo de cuatro hombres armados la noche del 5 de febrero, delante de la emisora de radio. Los hombres huyeron cuando los vio un guardia de seguridad, pero dispararon contra el vehículo de la víctima. El 6 de febrero, Deccio Serrano, fotógrafo del periódico Nuestro Diario, y otro miembro de la prensa habrían sido agredidos por agentes de la policía municipal de tráfico (EMETRA). Los agentes habrían filmado a los periodistas cuando llegaban para informar sobre una pelea de tráfico. De acuerdo con las informaciones recibidas ese mismo día, José Cándido Barrillas, director de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), situada en la ciudad de Guatemala, habría sido agredido y obligado a introducirse en un automóvil a punta de pistola y más tarde habría sido liberado. Finalmente, el mismo día los informes agregan que la periodista Ana Lucía Ramírez habría sido agredida cuando viajaba en un autobús por un barrio de la ciudad, así como la periodista Nery de la Cruz, de Radio Sonora, quien habría sido agredida delante de las oficinas de la emisora de radio.
El 28 de febrero de 2002, la Relatora Especial mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo al asesinato el 15 de enero de 2002 de César Auguto Rodas, quien era jefe de talleres de la tipografía nacional. Según las informaciones recibidas, este asesinato estaría relacionado con la impresión por los talleres de la tipografía nacional de afiches y volantes conteniendo expresiones difamatorias y calumniosas en contra del presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala en agosto de 2001. Se informa que tales afiches habrían sido encargados por Juan Francisco Reyes López , Vicepresidente de la República tras su asistente personal, Luz Méndez de Barrios. De acuerdo con los informes, el Señor Rodas habría denunciado al Vicepresidente ante las autoridades de la MINUGUA y habría solicitado protección para preservar su vida y la de su familia. Sin embargo, fue asesinado de varios disparos cuando se dirigía de su residencia a su lugar de trabajo. Ahora, se teme por las vidas de 13 empleados de la tipografía nacional así como por las vidas de Silvia Josefina Mendez Reginos, de la diputada Anabella de Leon Ruiz, y de Magda Stella Arceo Carrillo, ya que todos habrían denunciado al Vicepresidente de la República ante la MINUGUA.
El 6 de marzo de 2002, la Relatora Especial mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a la amenazas de muerte contra los empleados de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), los empleados del Centro de Antropología Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) y otras personas que habrían participado en exhumaciones de cadáveres de personas ejecutadas durante el decenio de 1980. Los informes agregaron que el 21 de febrero pasado, uno de los científicos forenses que participan en estas exhumaciones habría recibido diez ejemplares de una carta mecanografiada en la que se habría nombrado a 11 personas, entre ellas, cinco que habrían llevado a cabo exhumaciones en el pasado, cuatro empleados de la FAFG y dos empleados del CAFCA. Esta carta pediría que cesasen las exhumaciones y advertiría los científicos forenses de que si seguían adelante con el trabajo de exhumación, sus familias les enterrarían a ellos y a sus hijos. Se informó también de que al mismo tiempo que se enviaba la carta, se habría declarado un incendio en la iglesia de Nebaj, en el departamento de El Quiché, en la que se almacenaba el material utilizado para las exhumaciones. Una parte de la iglesia habría quedado destruida.
El 26 de marzo, la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General para los defensores de los derechos humanos, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a las repetidas amenazas contra Monseñor Alvaro Ramazzini, obispo de la diócesis de San Marcos, y contra el sacerdote Juan José Aldaz Donamaría, párroco de San José el Rodeo, diócesis de San Marcos, presuntamente con relación a su labor de defensa y acompañamiento de las organizaciones campesinas e indígenas de la región. Se informó de que el hecho habría sido denunciado ante la MINUGUA, con sede en Quetzaltenango, y ante el ministerio público. Los informes agregaron que el 17 de marzo, tres oficinas de la Casa del Obispado de San Marcos habrían sido allanadas, entre ellas la oficina de la Contabilidad de la Pastoral de la Tierra. Al parecer los computadores de esta misma oficina habrían sido manipulados. El 18 de marzo del 2002, se habrían recibido en diferentes oficinas de la Casa Diocesana llamadas anónimas diciendo que "lo que está pasando no es nada a lo que puede suceder y que Monseñor se cuide". Por último, el 20 de marzo del 2002 las oficinas de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO) habrían sido allanadas. Los agresores no habrían robado nada. Estas amenazas se sumarían a la grave situación de inseguridad en la que se encuentra monseñor Ramazzini a raíz de la ocupación el 26 de febrero de 2002 por alrededor de 1.500 campesinos de las instalaciones y las oficinas administrativas de la finca San Luis, situada en Malacatán, San Marcos. Se informó de que los finqueros de la localidad y el Presidente de la Cámara del Agro de Guatemala al parecer habrían acusado públicamente a monseñor Ramazzini de haber incitado a la ocupación de las tierras. Poco después, una radioemisora de San Marcos habría recibido una llamada anónima que anunciaba que "tenía preparada una sorpresa" y que iban a golpear a la Iglesia Católica "en donde más le dolía".
El 2 de abril de 2002, la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a unas amenazas de muerte contra los dirigentes de trabajadores rurales Luis Chávez, Gilmar Vallejos Velásquez y Eleodoro Chums. De acuerdo con las informaciones recibidas, habrían recibido por teléfono amenazas de muerte presuntamente relacionadas con sus actividades como miembros de la Coordinadora Nacional Sindical y Popular (CNSP) y como asesores de dos sindicatos de trabajadores rurales en los departamentos de Retalhuleu y San Marcos, en el altiplano noroccidental de Guatemala. En efecto, el 26 de febrero de 2002, unos 350 campesinos del departamento de San Marco habrían ocupado tierras en conflicto de la finca de San Luis en el departamento de San Marcos cuyo título de propiedad estaría disputado entre los mismos campesinos y la Asociación de Ganaderos del Sur Occidente de Guatemala (AGSOGUA). Según los tres dirigentes sindicales, es posible que los ganaderos sean responsables de las amenazas ya que quieren apropiarse también de estas tierras. Por último, los Sres. Chávez, Velásquez y Chums habrían denunciado ante la MINUGUA las amenazas proferidas contra ellos.
El 15 de abril de 2002, la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a la situación de amenazas e intimidaciones que sufren Miguel Ángel Gómez, representante del sindicato municipal de Chichicastenango, y Macario Mejía González, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Comercio de Chichicastenango. Se informó de que Miguel Ángel Gómez habría sido despedido ilegalmente en enero de 2002, después de denunciar la corrupción del alcalde y sus asociados. Desde que realizó aquella denuncia, habría sido víctima de una serie de amenazas y de un presunto atentado contra su vida. Tras ser despedido, Miguel Ángel Gómez habría presentado una denuncia ante la Fiscalía General y ante la MINUGUA. El Tribunal de Trabajo de Quetzaltenango habría ordenado su readmisión. Desde entonces, según los informes, el alcalde y su concejo habrían emitido mensajes amenazadores contra Miguel Ángel Gómez y habría organizado una manifestación contra el sindicalista. Asimismo, de acuerdo con las informaciones recibidas, el 4 de abril de 2002, Macario Mejía González habría sido agredido físicamente y amenazado por un miembro de la corporación municipal.
El 17 de abril de 2002, la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos y el Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a la situación del periodista David Herrera. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 10 de abril de 2002 David Herrera iba a encontrarse con un periodista de la emisora estadounidense National Public Radio (NPR) cuando habría sido capturado por cuatro hombres que describió como de estilo militar. Los hombres lo habrían obligado a subir a su propio automóvil y le habrían amenazado con matarlo; sin embargo, David Herrera habría conseguido saltar del automóvil en marcha y escapar. Como consecuencia de lo sucedido, habría tenido que ser hospitalizado para recibir tratamiento psicológico. Se informó que David Herrera viviría escondido. Todo ello estaría relacionado con el trabajo de David Herrera en ayuda de periodistas y extranjeros que visitan Guatemala, muchos de ellos para investigar cuestiones de derechos humanos. En efecto, los agresores le habrían pedido cintas de entrevistas sobre cuestiones delicadas realizadas el día anterior con la ayuda del periodista estadounidense de la NPR. Los dos periodistas habrían pasado una semana investigando una serie de cuestiones de derechos humanos, tales como el reciente homicidio de un miembro de un nuevo partido político, en lo que pareció ser una ejecución extrajudicial, o el asalto lanzado recientemente por el Departamento de Operaciones Antinarcóticas de Guatemala contra el poblado de Chocón, Livingston, en el que murieron al menos dos personas. Al día siguiente, se informó de que las autoridades guatemaltecas, antes de llevar una investigación y sin entrevistar ni a Herrera ni al periodista de la NPR, habrían declarado que dicha agresión había sido un mero robo de automóvil.
El 30 de abril de 2002, la Relatora especial junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a las amenazas de muerte contra el sacerdote Rigoberto Pérez Garrido. Según informes, el 23 de abril de 2002, este sacerdote habría recibido unas amenazas telefónicas en las cuales le ordenarían que dejara sus investigaciones. Estas amenazas estarían relacionadas con las actividades del sacerdote Pérez Garrido para respaldar las exhumaciones en su parroquia de Nebaj que proporcionarían pruebas cruciales contra las autoridades gubernamentales supuestamente implicadas en las matanzas de poblaciones indígenas ocurridas durante los años de conflicto civil de Guatemala. Además, dichas intimidaciones podrían estar relacionadas con los esfuerzos del sacerdote Pérez Garrido para que se lleve a cabo una investigación sobre el incendio que se habría declarado en su parroquia el 21 de febrero de 2002, y que al parecer habría sido provocado. Se informó que en el incendio se habría destruido la información sobre 35 matanzas recogida por la Iglesia católica entre 1980 y 1983 en la zona de Nebaj.
El 3 mayo de 2002, la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo al asesinato el 29 de abril de 2002 de Guillermo Ovalle de León, miembro de la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT) y sobrino del director de dicha organización. De acuerdo con las informaciones recibidas, Guillermo Ovalle de León almorzaba en un restaurante cerca de las oficinas de la FRMT cuando tres hombres armados habrían entrado en el restaurante y habrían empezado a robar a los clientes. Los informes añaden que al resistirse un cliente, los atracadores habrían empezado a disparar, matando a Guillermo Ovalle de León. Se informó de que la policía habría clasificado el caso como un crimen de derecho común. Sin embargo, este asesinato podría ser un acto de intimidación contra los miembros de la FRMT. En efecto, poco antes del crimen, las oficinas de la FRMT habrían recibido llamadas amenazadoras en las cuales se podía oír una marcha fúnebre. Además, se informó de que el tiroteo tuvo lugar un día antes de que comenzara el juicio civil sobre la presunta matanza de 11 campesinos perpetrada en el poblado de Xamán por soldados guatemaltecos en 1995. La FRMT estaría proporcionando ayuda legal a los supervivientes de la matanza que participan en el juicio.
El 13 de mayo de 2002, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, mandó un llamamiento al Gobierno de Guatemala relativo a Jesús Tecú Osorio, Carlos Chen Osorio, Pedrina Burrero López, Juan de Dios García Xajil, todos miembros de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de Violencia en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA), quienes habrían recibido amenazas de muerte. Unas personas desconocidas les habrían llamado en las oficinas de ADIVIMA así como en su domicilio amenazando con matarlos si siguen adelante con sus actividades dentro de ADIVIMA que consisten en exhumar de fosas comunes clandestinas los cadáveres de personas supuestamente masacradas por el ejército durante el conflicto civil de Guatemala y en llevar ante la justicia a los responsables de las matanzas. Se informó de que estas amenazas se habrían denunciado a la Fiscalía Distrital de Salamá, Baja Verapaz, a quien se habría pedido que las investigas.
El 14 de mayo de 2002, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de derechos humanos, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a Domingo Yaxón Guarcax, miembro del Movimiento de Jóvenes Mayas (MOJOMAYAS), afiliado a la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA). De acuerdo con las informaciones recibidas, cuatro hombres le habrían forzado a entrar en un coche negro a la 1.30 de la tarde del 3 de mayo de 2002, en el centro urbano de Guatemala. Se informó igualmente de que a Domingo Yaxón le habrían desnudado, vendado los ojos, herido con un cuchillo de bolsillo y golpeado repetidamente, y que posteriormente le habrían abandonado, inconsciente, cerca de una funeraria. Además, habría recibido amenazas de muerte en caso de que continuara trabajando para la organización CONAVIGUA. Se acredita que el ataque habría sido una tentativa de intimidar a domingo Yaxón y otros miembros participando en la investigación de violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército guatemalteco durante la guerra civil.
El 4 de junio de 2002, la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General para los defensores de los derechos humanos, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a las amenazas de muerte e intimidaciones en contra de dos ex empleados de la tipografía nacional, Mario Antonio Castro Barrientos y Cesar Haroldo Posadas Méndez así como contra los miembros de sus familias. Según las informaciones recibidas, estas amenazas estarían relacionadas con el caso de la "tipografía nacional" en el cual los Sres. Castro Barrientos y Posadas Mendez serían testigos clave. El Gobierno de Guatemala ya fue informado sobre este caso en un llamamiento urgente mandado por la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias el 22 de febrero de 2002, en el cual la Relatora Especial rogaba al Gobierno que tomara medidas especiales para proteger las vidas de 13 empleados de la tipografía nacional que recibían amenazas de muerte. Sin embargo, Mario Antonio Castro Barrientos y Cesar Haroldo Posadas Méndez seguirían siendo perseguidos por hombres desconocidos a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Mario Antonio Castro Barrientos, y a pesar de la inclusión de Cesar Haroldo Posadas Méndez en el programa gubernamental de protección de testigos. Vivirían escondidos y aterrorizados, enfermos, sin posibilidad de trabajar y sin recursos suficientes.
El 11 de junio de 2002, la Relatora Especial, junto con la Representante especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a las amenazas de muerte que habrían recibido algunos miembros de unas organizaciones de derechos humanos después de su encuentro con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani, quien viajó a Guatemala del 26 al 31 de mayo de 2002. Según las informaciones recibidas, el 7 de junio de 2002, una carta firmada por un grupo que se hace llamar "Guatemaltecos de verdad" dirigida a un grupo de 11 defensores de derechos humanos calificados de "enemigos de la patria", habría sido enviada por fax o depositada en distintas organizaciones de derechos humanos y en agencias de medios de comunicación. En la misma, se amenazaría de muerte y se insultaría violentamente a Clara Arenas, Miguel Ángel Albizurez, Miguel Ángel Sandoval, Nery Rodenas, Frank LaRue, Mario Polanco, Abner Guoz, Marielos Monzón, Ronaldo Robles, Rosa María Bolaños y Helen Mack. Se acusaría a estos defensores, considerados como los primeros de una lista que podría extenderse, de haber desprestigiado la imagen del país, en particular por el hecho de haberse entrevistado con la Sra. Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, quien visitó recientemente el país. Se informó que el coordinador de la organización Alianza contra la Impunidad, donde se habría recibido una de estas cartas, estaría tratando de denunciar estas amenazas con el Fiscal General Carlos de León, ya que la anunciada Fiscalía Especial para los defensores de derechos humanos aún no estaría funcionando. En este marco, las Relatoras Especiales expresaron su más profunda preocupación por la seguridad y la integridad física y moral de los defensores de los derechos humanos anteriormente mencionados.
El 4 de julio de 2002, la Relatora Especial mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a la situación de los miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC) y de la Asociación de la Comunidad de los Cerritos, cuya seguridad estaría amenazada desde el homicidio de dos de sus miembros en el municipio de Morales, departamento de Izabal. De acuerdo con las informaciones recibidas, Edgar Gustavo Cáceres Guevara y Ervín Manuel Monroy Guevara habrían sido secuestrados el 24 de junio de 2002. Sus cadáveres habrían sido encontrados al día siguiente en el pueblo de Las Pozas, municipio de Morales. Se informó que los dos hombres habrían participado en la ocupación de la plantación Las Quebradas, que pertenecería a una mujer estadounidense, actualmente ocupada por unas 200 familias que intentan presionar al gobierno para que reconozca el que consideran su derecho a cultivar la tierra. De acuerdo con las informaciones recibidas, la disputa entre la propietaria y los campesinos sería el origen de estos homicidios. En efecto, los informes añaden que la entrada a la plantación estaría vigilada por guardias de seguridad privados que, según los informes, habrían amenazado e intimidado a miembros de la comunidad en varias ocasiones. Los informes indican que el 19 de junio, los guardias habrían tratado de intimidar a los campesinos realizando por lo menos 20 disparos al aire. Estos actos se habrían denunciado al Procurador de los Derechos Humanos.
El 9 de julio de 2002, la Relatora Especial mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a la situación de inseguridad en la que se encuentran los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Creek Zarco así como los trabajadores de la plantación bananera Lanquin II, a raíz del homicidio de René Augusto Pérez Guitiérrez, tesorero de esta Asociación en el municipio de Morales, departamento de Izabal. Según los informes, René Augusto Pérez Guitiérrez habría recibido disparos cuando regresaba a su casa al atardecer del 28 de junio de 2002. Al parecer, antes de morir en el hospital, René Augusto Pérez habría identificado ante la policía a sus agresores como los propietarios de la plantación bananera y sus guardias privados de seguridad. De acuerdo con las informaciones recibidas, René Augusto Pérez habría sido asesinado a causa de su participación en el conflicto local por las tierras de la plantación bananera Lanquin II.
El 8 de agosto de 2002, la Relatora Especial, junto con la Representante especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala acerca de la detención de Luz Margoth Tuy Jiatz, miembro de la Procuraduría Auxiliar de Derechos Humanos en el departamento de Sololá, desde el 16 de julio de 2002. De acuerdo con las informaciones recibidas, la Policía Nacional Civil habría acusado a Margoth Tuy Jiatz de fomentar disturbios después de su participación en manifestaciones el 26 de marzo de 2001, razón por la cual habría sido detenida brevemente en abril de 2001. Se informó de que, a pesar de haber pedido medidas alternativas para evitar su encarcelamiento mientras espera su juicio y así permanecer junto a sus tres niños, Margoth Tuy Jiatz habría sido detenida otra vez el 16 de julio de 2002. Desde entonces, la oficina de la Procuraduría Auxiliar de Derechos Humanos estaría vigilada por hombres desconocidos y habría recibido varias llamadas en las que se amenazaba de muerte a sus empleados. Tanto la detención como las amenazas contra Margoth Tuy Jiatz estarían relacionadas con la investigación que llevó a cabo sobre el asesinato del líder indígena Teodoro Saloj en octubre de 2000 que resultó en la acusación de nueve policías. Debido a su frágil estado de salud y a su extrema ansiedad, se teme por la vida e integridad física de Margoth Tuy Jiatz si no se toman unas medidas médicas rápidas y adecuadas.
El 19 de agosto de 2002, la Relatora Especial mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a la situación de peligro en la cual se encuentran Arturo Felipe Molina y otros campesinos miembros de la Asociación de la Comunidad de los Cerritos, asociada al Comité de Unidad Campesina (CUC). Según las informaciones recibidas, el 11 de agosto de 2002, a las 8.30 de la mañana, Arturo Felipe Molina habría sido herido de gravedad por disparos cuando cultivaba una parcela de tierra de la plantación “Las Quebradas”. Dicha agresión estaría relacionada con la participación de Felipe Molina en la ocupación de dicha plantación, propiedad de una mujer de nacionalidad estadounidense, por 236 familias que intentan presionar al Gobierno para que reconozca el que consideran su derecho a cultivar la tierra. De acuerdo con las informaciones recibidas, los guardias de seguridad privados que vigilan la plantación serían responsables de este tiroteo para intimidar a los activistas agrarios locales para que pongan fin a la ocupación de la plantación. Se informa de que Felipe Molina estaría hospitalizado en estado crítico.
El 22 de agosto de 2002, la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la tortura, mandó un llamamiento urgente relativo a la situación de peligro e inseguridad en la cual se encuentran niños de la calle en la ciudad de Guatemala. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 20 de julio de 2002, seis jóvenes que dormían en la zona 8 entre las avenidas 9 y 30, habrían sido ametrallados por un hombre que iba a bordo de un coche. Roberto Lómez Gómez y Luis Armando Linares, guatemaltecos de 17 años, y Loani Brigite Izaguirre, hondureña de 20 años, habrían fallecido inmediatamente. Julio José Chacón Ortíz y José Antonio Abrego Morán, guatemaltecos de 22 años, y Javier Acuna Rivera, de 17 años, habrían sido gravemente heridos y trasladados al hospital Roosevelt y San Juan de Dios. Se informa de que el 10 de agosto, a las 21h30, tres niños de la calle, Jaime Danilo Guamuch, de 15 años, Mario Soto, de 14 años, y Gerson Mejía, de 15 años, quienes estaban caminando en la carretera en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, habrían sido heridos de gravedad por disparos hechos desde un coche que pasaba por la calle y habrían sido trasladados al hospital de San Juan de Dios. Asimismo, el 15 de agosto, Alejandra Paola Palma habría sido gravemente herida por dos hombres, mientras dormía en una estación de autobús, quienes le echaron en la cabeza dos piedras de 25 kilogramos. En vista de dichos asesinatos y de la lentitud de las investigaciones policiacas para identificar a sus responsables, se teme por la seguridad de los niños de la calle de la ciudad de Guatemala.
El 26 de agosto de 2002, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario-General para los defensores de los derechos humanos mandó un llamamiento acerca de intimidaciones y amenazas de muerte en contra de la antropóloga Victoria Sandfor, profesor en la Universidad Católica de Amsterdam, Holanda y de los periodistas David González y Wesley Boxed, del periódico estadounidense The New York Times. De acuerdo con las informaciones recibidas, la Dra. Sandfor y los Sres. González y Boxed habrían sido intimidados y amenazados de muerte por el Kaibil del ejército Valentin Chen Gómez, cuando inquirían sobre el sitio de las exhumaciones que realiza la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia Maya Acgí en un cementerio clandestino ubicado en el instituto experimental en Rabinal, Baja Verapaz, donde más de 600 personas supuestamente masacradas en 1981 por el ejército y grupos paramilitares habrían sido sepultadas. Estas amenazas estarían relacionadas con las actividades de la Dra. Sandfor y de los Sres. González y Boxed relativas a su labor de investigación y de información sobre las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar durante el conflicto armado guatemalteco.
El 29 de agosto de 2002, la Relatora Especial, junto con la Representante especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos y el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a la situación de peligro en la cual se encuentra el abogado Roberto Romero. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 23 de agosto de 2002, Roberto Romero habría recibido amenazas de muerte anónimas por teléfono. El autor de las llamadas hizo supuestamente referencia al hecho de que Romero es el representante legal de la Fundación Myrna Mack, organización de derechos humanos establecida tras el asesinato de Myrna Mack Chang. Muy poco después de esas llamadas, un grupo de individuos no identificados habría abierto fuego contra la casa del abogado en la ciudad de Guatemala sin que nadie resultara herido en el ataque. Estas amenazas estarían relacionadas con las actividades de Roberto Romero que lleva el caso contra los presuntos responsables que ordenaron el asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang, muerta en 1990. Los informes añaden que el 3 de septiembre estaba previsto que se iniciara, en la ciudad de Guatemala, el juicio contra el general Edgar Augusto Godoy Gaytán, el coronel Juan Guillermo Oliva Carrera y el coronel Juan Valencia Osorio, acusados de estar detrás del asesinato de Myrna Mack Chang. El sistema interamericano de derechos humanos habría recomendado que Roberto Romero y los miembros de la Fundación Myrna Mack reciban protección del Estado guatemalteco pero, según Roberto Romero, el Estado aún no se la ha proporcionado.
El 30 de septiembre de 2002, la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a la situación de peligro en la que se encuentra el personal de las oficinas locales de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) en varias localidades de Guatemala, a raíz de amenazas por ex miembros de Patrullas de Autodefensa Civil. De acuerdo con las informaciones recibidas, los ex miembros de las PAC habrían acusado a varias Procuradurías Auxiliares de Derechos Humanos de intentar impedir que el gobierno les compense por el servicio que prestaron durante el conflicto civil. En efecto, la PDH estaría preocupada por el hecho de que el Gobierno, que no ha puesto en práctica el programa de resarcimientos a las víctimas de violaciones de derechos humanos establecido en los acuerdos de paz, esté al mismo tiempo accediendo parcialmente a las exigencias de los ex miembros de las PAC, quienes habrían sido responsables de algunas de las atrocidades de derechos humanos más graves cometidas durante los años de conflicto. Desde luego, varios ex miembros de Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) habrían amenazado por escrito con ocupar y luego quemar las oficinas de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de las localidades de Barillas, Nentón y Huehuetenango (departamento de Huehuetenango), Santa Cruz del Quiché (departamento de El Quiché), Salamá (departamento de Baja Verapaz), Sololá (departamento de Sololá), San Marcos (departamento de San Marcos), Cobán (departamento de Alta Verapaz), y Santa Elena y Poptún (departamento de El Petén) si no se cumplen en un plazo de 30 días sus exigencias de que se les compense el servicio que desempeñaron en las PAC durante el largo conflicto civil de Guatemala.
El 22 de octubre de 2002, la Relatora Especial mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a Carlos Mejía, representante del partido izquierdista de oposición Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), y dirigente sindical de Unidad de Trabajadores Estatales y Sectores Populares (UTESP), habría recibido una amenaza de muerte en contra de él y su familia. El 17 de octubre habría recibido en su lugar de trabajo una carta anónima que supuestamente decía: "Diputado Mejía, te quedan sólo días, te preparamos ya la emboscada a ti y a tu familia. Despídete, te fusiló el ex guardia del hijo de Arzu, para que te quede claro. Saludos". Se cree que "Arzu" sería una referencia a Álvaro Arzu, ex presidente de Guatemala. Se teme que esta amenaza podría estar relacionada con las denuncias públicas de Carlos Mejía sobre la presunta corrupción de algunas de las autoridades regionales de San Marcos.
El 24 de octubre de 2002, la Relatora Especial mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a Nery Rolando Recinos, de 16 años, Jaquelin Yajaira Franco Barrera, de 15 años, Henry Giovani Álvarez Jiménez, de 19 años, Emilio Sanay Sirin, de 26 años, Verónica Torres, de 17 años y embarazada, y Manuel Isaisa Aj, de 15 años. Según la información recibida, en la mañana del 16 de octubre de 2002, las personas mencionadas habrían resultado gravemente heridas en un tiroteo efectuado desde una moto y dirigido hacia un grupo de 20 niños y jóvenes adultos que dormían en el centro de la ciudad de Guatemala. De acuerdo con la información recibida, los 22 niños y jóvenes adultos sin techo, con edades de 12 años en adelante, estarían durmiendo en una gran casa abandonada conocida como "La Casona", situada en la zona 4 del centro de Guatemala, cuando hacia la 1.30 de la madrugada, dos hombres armados que viajaban a bordo de una moto habrían abierto fuego contra los niños que trataban de dormir, ocasionando varios heridos. Según testigos, minutos después, un coche negro de ventanillas oscuras de la marca Chevrolet Suburban se habría acercado hasta la entrada de la casa y uno de los ocupantes habría roto una ventana para gritarles a los niños que si se quejaban a la policía ellos volverían vuelto para "terminar con todos".
El 22 de noviembre de 2002, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos y el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a las amenazas de muerte que habrían recibido por escrito los habitantes de la plantación Nueva Cabrican y los miembros del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) desde septiembre de 2002. Estas amenazas se habrían producido en el contexto de un conflicto de tierras entre la comunidad y el Alcalde local. El CODECA habría sido organizado para defender los derechos de los campesinos a la tierra. En este contexto, se recibió información según la que el 3 de noviembre de 2002 habría sido asesinado Erasmo Sánchez Lapop, uno de los organizadores más activos del CODECA y por ello se teme por la vida y la integridad física de otros miembros del CODECA y de la comunidad.
El 28 de noviembre de 2002, la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos y el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Guatemala relativo a la situación del líder indígena y coordinador de la Defensoría Q’eqchi’, programa de justicia de la Asociación Estoreña Para el Desarrollo Integral (AEPDI), Jorge Mocúa Caal y la situación de la población civil del pueblo de El Estor, Izabal. Según la información recibida, una niña de 12 años habría desaparecido el día 6 de noviembre. Habría sido encontrada muerta asfixiada en un tanque de agua en las afueras de El Estor. Algunas informaciones señalaron que Carlos Paná, un taxista, habría estado involucrado en el homicidio de la niña. Después, él habría huido de El Estor con su familia. El 8 de noviembre, después del entierro de la niña, una turba se habría formado y habría quemado la casa de Carlos Paná junto con tres vehículos de su propiedad. La turba habría aseverado que la PNC había permitido la huida de Carlos Paná. Además, los líderes de la turba habrían reclamado que el homicidio de la niña fuera investigado y el autor procesado. Según la misma información, el 12 de noviembre habría habido disturbios civiles y la turba habría destruido la subestación y otros edificios, así como equipo, una motocicleta y un camión de patrulla de la PNC. Fue señalado que los agentes de la PNC habría huido, dejando a la población civil sin protección alguna. Como consecuencia, la turba habría tomado control sobre las armas de la Policía y otro equipo en la subestación. Se alega que esa tarde, a las 6, Jorge Mocúa Caal habría recibido una llamada en su casa de residencia avisándole de que la turba en mención iba a llegar y ajusticiarlo. Jorge Mocúa Caal sería conocido en el Estor por su liderazgo en la AEPDI, su oposición a los linchamientos y al resarcimiento exigido por los ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC). Los informes indican que el dirigente se habría visto obligado a abandonar el lugar junto con su familia y que actualmente, se encontrarían escondidos. Además, se informó que en la mañana del 13 de noviembre ningún agente habría llegado para proteger a la población civil. Como resultado, la población civil habría quedado en manos de dirigentes de ex miembros de las PAC y partidarios que habrían organizado los disturbios.
Communicación enviada
El 18 de septiembre de 2002, la Relatora Especial mando una alegación al Gobierno de Guatemala relativa a una denuncia de violación del derecho a la vida:
De acuerdo con las informaciones recibidas, el 8 de marzo de 2002, José Benjamín Pérez González, activista en relación con el problema de reparto de la tierra, habría recibido varios disparos por parte de un policía y luego por parte de un paramilitar, mientras caminaba con otros 70 campesinos para trabajar sus tierras. Sin embargo, la policía habría detenido y acusado de crimen a un campesino, Cecilio Méndez Hernández.
Comunicaciones recibidas
Por carta de fecha 13 de diciembre de 2001, el Gobierno de Guatemala respondió a los siguientes casos:
254. Respecto al caso de Waldemar Barrera, Auxiliar de la institución del Procurador de los Derechos Humanos en Puerto Barrios, Izabal, quien habría recibido amenazas de muerte, supuestamente como consecuencia de la investigación que lleva a cabo en la muerte del periodista Jorge Mynor Alegría Almendaris, no ha presentado ninguna denuncia ante ningún órgano, según afirman miembros de la COPREDEH que conversaron con él. Además según el Gobierno, Waldemar Barrera no desea que el Estado de Guatemala le brinde seguridad. Sin embargo, de manera periódica, se realizan rondas en las cercanías de la sede de la Auxiliatura Departamental.Respecto al atentado contra la vida de Magistrado Conchita Mazariegos y las amenazas por él sufridas, el Gobierno le afectó seguridad personal, consistente en cuatro agentes del Servicio de protección y Seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC). Además, se le brindó seguridad perimetral las 24 horas del día con unidades del Servicio Motorizado de la Policía Nacional Civil, en conformidad con las recomendaciones al Gobierno de Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, el ministerio público está investigando los hechos intimidatorios en contra de la señora Magistrado.
En cuanto a Hugo Enrique Martínez Juárez, la COPREDEH solicitó al Director General de la PNC que se efectuara la investigación respectiva sobre las amenazas que habría recibido. En cuanto al percance automovilístico de que fue objeto el Sr. Martínez Juarez, Fredi Ruben Arriola Bracamonte fue detenido y consignado al órgano competente puesto que iba conduciendo bajo efectos de licor.
Respecto al caso de las ejecuciones de Roberto Martínez Castañeda, Josefina Cevallos Borro y otra persona sin identificar el 27 de abril de 2002 durante una protesta violenta en el centro de la ciudad de Guatemala, fueron investigadas por la policía nacional civil y el ministerio público, quienes de forma inmediata detuvieron a los presuntos autores y les pusieron a disposición de los tribunales de justicia. El Gobierno informó de que los que dispararon fueron agentes de seguridad privada y que, por consiguiente, no pertenecen a ningún organismo público o entidad estatal.
Por carta de fecha 27 de diciembre de 2002, el Gobierno de Guatemala contestó a un llamamiento urgente mandado juntamente con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos de 3 de diciembre de 2002 relativo a Gilberto Gómez Limón, presuntamente como consecuencia de su participación como testigo en el proceso de tres militares involucrados en el asesinato del obispo Juan José Gerardo. Según el Gobierno que investigó estos hechos, la agresión de que fue objeto Gilberto Gómez Limón es el resultado de un problema entre particulares y sin trasfondo político y el hecho de que el agresor denota haya sido consignado que este no se retiró del lugar de los hechos sin encontrar ningún obstáculo por parte de los guardias de seguridad, como se denunció originalmente.
Por carta de fecha 12 de marzo de 2002, el Gobierno de Guatemala contestó a un llamamiento urgente de la Relatora Especial mandado el 28 de febrero de 2002 relativo a amenazas contra las vidas de Silvia Méndez, Anabella de León, Magda Arceo y algunos empleados de la Tipografía Nacional. El Gobierno informó de que está brindando las medidas cautelares solicitadas por la CIDH a favor de las personas arriba mencionadas. El Gobierno ha sostenido comunicación con las afectadas para convenir las modalidades que más se ajustan a las necesidades de las beneficiadas con medidas cautelares. Se inició la investigación sobre la muerte de Rodas Furlán; sin embargo, todavía tiene un carácter preliminar y no puede tenerse un criterio acerca de tal hecho. A partir de este evento, se han redoblado los esfuerzos para la protección de las otras personas beneficiadas con medidas cautelares.
Respecto a las amenazas de muerte contra el obispo Alvaro Ramazini y el sacerdote José Aldaz Donamaría, el Gobierno informó de que les está brindando las medidas de seguridad necesarias (seguridad perimetral en sus lugares de residencia, en su iglesia católica y en la emisora de radio Voz de la Buena Nueva donde trabajan) para proteger sus vidas e integridad física. Además, el Ministerio Público está investigando los hechos intimidatorios en contra de las personas arriba mencionadas.
Respecto a las amenazas contra el profesor Dionisio Camajá Sánchez por parte de Martina Méndez, María Ajcop Vicente y María Pú Sarat, el Gobierno informó que funcionarios de la COPREDEH solicitaron al comisario de la estación número 71 de la policía nacional civil de San Miguel Uspantán de El Quiché que se le brinde la protección necesaria para resguardar la vida e integridad física del ofendido. De igual manera, el ministerio público continúa con las investigaciones para tener elementos de prueba en contra de las personas presuntamente responsables y ponerlas a disposición de los tribunales para dilucidar su situación jurídica.
Respecto al caso de Romeldo Peña Cruz, quien estaría amenazado supuestamente por el alcalde de Puerto Barrios, Izabal, el Gobierno informó que está investigando los hechos intimidatorios en su contra. Según el Gobierno, Romeldo Peña Cruz renunció al ofrecimiento de medidas de seguridad.
Respecto a las amenazas en contra de Miguel Ángel Gómez de León, esta pendiente que la fiscalía de Santa Cruz de El Quiché resuelva la situación del Consejal II Gaspar Canil Mejía y el alcalde municipal Manuel Sut Lucas a quienes denunció el 10 de enero de 2002 de ser responsables de cualquier daño que sufra él o su familia. Respecto a las amenazas en contra de Macario Majia González, está pendiente que se celebre en el presente mes una junta conciliatoria para dilucidar la situación del Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Comercio de Chichicastenango Genaro Macario Mejía González y el síndico municipal de ese departemanto Tomás Canil González.
Respecto a las amenazas de muerte dirigidas en contra del sacerdote Rigoberto Pérez Garrido y el incendio de la parroquia del municipio de Nebaj, Quiché, el Gobierno informó de que el ministerio público está investigando estos hechos intimidatorios. Además, la PNC en Nabaj implementó medidas de seguridad a favor de la Iglesia Católica y de la Casa Parroquial de dicha jurisdicción. Al mismo tiempo, la COPREDEH está recabando información sobre estos hechos.
El 12 de junio de 2002, el Gobierno de Guatemala contestó a un llamamiento urgente mandado por la Relatora Especial el 20 de febrero de 2002 relativo a amenazas y agresiones contra periodistas. Respecto al caso de Deccio Serrano, el Gobierno informó de que fue agredido por agentes de la policía municipal de tránsito. Sin embargo, no presentó denuncia alguna ya que el alcalde se comunicó con él y le pidió disculpas por el suceso. Respecto a la agresión que sufrió José Cándido Barillas, él la atribuye a la delincuencia común. En cuanto a Carlos Víctor Hernández Rivas, según verificó la COPREDEH la orden de allanamiento se ejecutó a las 2.05 horas de la tarde y se dio por finalizado a las 3.15 horas de la tarde en 29 de enero de 2002. Por consiguiente, no se realizó, como lo alegó el Sr. Hernández Rivas, en horas inhábiles. En cuanto a Arnulfo Agustin Guzmán, que sufrió una agresión y robo de su vehículo, según la COPREDEH, él manifestó que no consideraba el hecho de carácter político sino que lo atribuía a la delincuencia común. Se informó de que el señor Ministro de Gobernación llamó al Sr. Guzmán y le manifestó que le proporcionaría seguridad para su residencia. En cuanto a Nery de la Cruz, no ha presentado denuncia de que esté siendo amenazado de muerte porque consideró que lo que le acontecía era producto de la delincuencia común. Respecto a Ana Lucía Ramírez, la Unidad de Seguimiento no ha podido todavía entablar comunicación con ella, puesto que desde el momento en que se dio el hecho delictivo en su contra ha cambiado de empleador en varias ocasiones.
El 6 de junio de 2002, el Gobierno de Guatemala contestó al llamamiento urgente de la Relatora Especial de fecha 4 de junio de 2002 relativo a las amenazas de muerte contra ex empleados de la Tipografía Nacional y miembros de su familia. El Gobierno informó de que ha realizado los trámites pertinentes para la ampliación de medidas cautelares a favor de Santiago Quevedo, Mario Castro, Edgar López, César Posadas y Edgar García, conforme con el requerimiento de la CIDH. El Gobierno informó de que el Sr. López salió del país el 30 de abril de 2002. En cuanto a César Posadas y Edgar García, no ha sido posible localizarles y diligenciar las medidas de protección en su favor.
El 8 de julio de 2002, el Gobierno de Guatemala contestó al llamamiento urgente mandado por la Relatora Especial el 13 de mayo de 2002 relativo a amenazas de muerte contra miembros de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Víctimas de violencia en las Verapaces Maya Achí (ADIVIMA). El Gobierno informó que la COPREDEH procedió a coordinar la investigación requiriendo información al ministerio público y a la PNC a efecto de esclarecer tales amenazas. Asimismo, la COPREDEH llamó a la Subcomisaría de la Policía Nacional del Municipio de Rabinal, Baja Verapaz, que informó de que está prestando seguridad perimetral a los miembros de ADIVIMA. El 14 de octubre de 2002, el Gobierno de Guatemala proporcionó información suplementaria relativa a las medidas de seguridad perimetral a favor de los miembros de la ADIVIMA. Se informó también de que el 27 de junio de 2002, la Fiscalía Central del Ministerio Público se presentó al juzgado de Primera Instancia Penal para pedir unas medidas para adelantar la investigación del presente caso.
El 17 de julio de 2002, el Gobierno de Guatemala contestó al llamamiento urgente mandado por la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos el 8 de febrero de 2002 relativo a amenazas de muerte contra Ovidio Paz Bal. Según el Gobierno, la sección en el departamento de Sololá de la COPREDEH entrevistó a Ovidio Paz Bal. La COPREDEH luego procedió a solicitar a la PNC que se brinde protección perimetral a Ovidio Paz Bal, así como a su familia.
El 16 de septiembre de 2002, el Gobierno de Guatemala contestó al llamamiento urgente mandado por la Relatora Especial el 8 de agosto de 2002 relativo a Luz Margoth Tuy Jiatz, que habría sido detenida por su participación en los incidentes del 26 de marzo de 2001. Según la COPREDEH, se constituyó en acusador el alcalde Felipe Piy Petzey en contra de Luz Margoth Tuy Jiatz, quien fue sindicada de los delitos siguientes: sedición, instigación a delinquir, reuniones y manifestaciones ilícitas, desorden público y usurpación de atribuciones. El 16 de agosto de 2002, el juzgado de Primera Instancia Penal del departamento de Sacatepéquez ordenó la libertad inmediata de Luz Margoth Tuy Jiatz. En cuanto a las amenazas en su contra, la COPREDEH constató que no existe denuncia alguna y que no se puede identificar a las personas responsables de estas amenazas.
El 9 de octubre de 2002, el Gobierno de Guatemala contestó a un llamamiento urgente mandado por la Relatora Especial relativo a amenazas de muerte contra el obispo Álvaro Ramazinni y el sacerdote José Aldaz Donamaría. El Gobierno informó de que el 20 de junio de 2002, la Comisaría Nacional Civil de San Marcos estaba proporcionando vigilancia perimetral en los lugares que el obispo frecuenta desde el 13 de marzo de 2002. En cuanto al padre Donamaría, la policía civil del municipio de San José El Rodeo le está proporcionando seguridad perimetral desde el 6 de marzo de 2002.
El 1 de diciembre de 2002, el Gobierno de Guatemala contestó a un llamamiento urgente mandado el 30 de septiembre de 2002 por la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos relativo a amenazas de ex miembros de las PAC contra varias oficinas locales de la procuraduría de derechos humanos. El Gobierno informó que la COPREDEH, luego de las investigaciones realizadas en torno a este caso, concluyó que los miembros de las oficinas de derechos humanos en distintas regiones del país en ningún momento fueron objeto de amenaza o intimidación por parte de los ex miembros de las PAC, y que solo se trató de rumores en relación con el movimiento surgido de las exigencias de estas personas. Por lo anterior, se cree que hay pocas posibilidades que se repitan estos incidentes, en virtud de que los gobernadores departamentales en representación del Gobierno, llevan a cabo la negociación con los ex patrulleros, en relación con la indemnización reclamada.
El 1 de diciembre de 2002, el Gobierno de Guatemala contestó a un llamamiento urgente mandado el 29 de agosto de 2002 por la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos y el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, relativo a Luis Roberto Romero Rivera. El Gobierno informó que en relación con el atentado que fue objeto Luis Roberto Romero Rivera, la COPREDEH solicitó al Ministerio de Gobernación la ampliación de las medidas de seguridad de carácter urgente, para resguardar la vida e integridad física, de conformidad con lo requerido por la CIDH.
El 1 de diciembre de 2002, el Gobierno de Guatemala contestó a un llamamiento urgente mandado el 13 de mayo de 2002 por la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, relativo al caso de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de Violencia en Las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA). El Gobierno informó de que ha brindado junto con las instituciones correspondientes la protección respectiva a los miembros de ADIVIMA. Además, los hechos que dieron origen a las denuncias están siendo investigados. Considerando lo anterior, el Gobierno realiza las acciones respectivas a partir de su deber de perseguir y sancionar el delito.
El 1 de diciembre de 2002, el Gobierno de Guatemala contestó a un llamamiento urgente mandado el 26 de agosto de 2002 por la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos relativo a amenazas en contra de Victoria Sandford, David González y Wesley Boxed. De acuerdo con el Gobierno, la comisión presidencial de derechos humanos continúa recabando información sobre el presente caso y está pendiente de los resultados que se obtengan de las diligencias que continúa realizando el ministerio público.
Correspondence from 1983-2002
The United Nations Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions has been corresponding with Governments regarding alleged violations since the mandate was established over two decades ago. While the Project on Extrajudicial Executions is making efforts to provide easily browsed versions of as many years as possible, much of the earlier correspondence is available only in the PDF versions of reports from 1983 to the present.