Honduras: Visits & Communications
Country Visits
The UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, then Asma Jahangir, visited Honduras in August 2001. The report on her visit is E/CN.4/2003/3/Add.2, and the follow-up report concerning implementation of its recommendations is E/CN.4/2006/53/Add.2.
Correspondence from 2005
The record of correspondence for 2005 is excerpted from the official United Nations report, E/CN.4/2005/7/Add.1.
Country: Honduras
Type, date and summary of communication: Llamamiento urgente, 8 octobre 2003, see E/CN.4/2004/7/Add1, paragraph 188.
Government reply: Respuesta del 19 de diciembre de 2003. La fiscalía especial de protección a las minorías étnicas recibió denuncias en el sentido de que tras haber sido capturados por la policía nacional, los dirigentes indígenas José Leonardo Miranda y Marcelino Miranda estaban siendo torturados y amenazados dentro del centro penal. La fiscalía solicitó que los detenidos fuesen trasladados al hospital para recibir atención por sus lesiones. Se solicitó a las autoridades del centro penal la custodia especial de los detenidos a fin de garantizar su vida e integridad física. Se inspeccionó los lugares donde se capturó los hermanos Miranda. Se evaluó psicológicamente a los hermanos Miranda y a sus familias y se estableció la existencia de traumas y lesiones ocasionados por los hechos ocurridos durante la captura. La fiscalía especial presentó ante el juzgado de Gracias lempira un requerimiento fiscal contra 28 personas por suponerles responsables de cometer los delitos de abuso de autoridad torturas, lesiones y daños en perjuicio de los hermanos Miranda y de la comunidad indígena de planes de montaña verde.el 29 de octubre la corte de apelaciones reformó el sobreseimiento dictado por el juzgado de primera instancia y ordenó que el mismo se decrete de manera provisional. El Gobierno proporcionó información sobre las acusaciones de asesinato y tentativa de homicidio contra los hermanos Miranda. En cuanto a las amenazas contra el abogado Marcelino Martinez a fiscalía local de gracias inició una investigación que sigue su curso.
Observation of the Special Rapporteur: El Relator Especial agradece el Gobierno de Honduras por su respuesta que aclarece la mayoría de las alegaciones mencionadas en su comunicación. Sin embargo, el Relator Especial quisiera recibir información sobre las posibles sanciones contra las personas supuestamente responsables de tortura y sobre el resultado de la investigación relativa a las amenazas contra el abogado Marcelino Martinez.
Country: Honduras
Type, date and summary of communication: Llamamiento urgente, enviado con el Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, el Relator Especial sobre la tortura y la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 19 abril de 2004. Sara Sauceda Flores, cuyo hijo, Darwin Roberto Sauceda Flores, habría sido detenido y sometido a malos tratos en varias ocasiones, amenazado de muerte y ejecutado sumariamente el 17 de febrero de 2002 en el barrio de Colonia La Trinidad, en Comayagüela, en la ciudad de Tegucigalpa. Sara Sauceda Flores habría denunciado a dos agentes a los que acusa de ser responsables del homicidio de su hijo. Además habría criticado abiertamente a las autoridades por no llevar a cabo una investigación adecuada sobre el caso de su hijo. Dicho caso habría sido asignado al Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal para que se iniciaran procedimientos judiciales. Desde que habría interpuesto su denuncia, Sara Sauceda Flores habría sido repetidamente intimidada. El 12 de abril de 2004, Sara Sauceda Flores habría recibido una amenaza de muerte anónima en su lugar de trabajo, en la ciudad de Tegucigalpa. El 17 de marzo de 2004, cuando Sara Sauceda Flores se dirigía a su trabajo, el taxi en el que viajaba habría sido golpeado por un automóvil en el que viajaban dos personas. Sara Sauceda Flores habría reconocido al pasajero como el hombre que anteriormente la habría acosado desde otro automóvil. Además, en enero de 2004, Sara Sauceda Flores habría encontrado tres casquillos de bala en su taquilla de su lugar de trabajo. Habría denunciado todas las amenazas y los actos de intimidación al Ministerio de Seguridad Pública de Honduras.
Government reply: Respuesta del 28 mayo de 04: De acuerdo con el Gobierno, se aclareció las condiciones del asesinato de Darwin Roberto Sauceda Flores y se identificó plenamente a sus responsables: se trate de integrantes de la pandilla “MS” que operaban en esa fecha en la colonia bella vista de Coma Yagüela, teniéndose en expediente investigativo sus fotografías y antecedentes de las cuales han sido identificados mediante actas de reconocimiento fotográfico, descartándose la posible participación de autoridades policiales en este asesinato, quedando pendiente solamente la localización de un testigo en la zona nor. occidental del país para poder ser remitido a la fiscalía del ministerio público.
Observation of the Special Rapporteur: El Relator Especial agradece el Gobierno de Honduras por su respuesta y por haberle comunicado los resultados de la investigación del asesinato del Sr Flores. Sin embargo agradecería recibir información sobre las sanciones en contra de los supuestos asesinos. El Relator Especial lamenta que no se haya proporcionada ninguna información relativo a las amenazas de las cuales sería víctima la Sra Rara Sauceda Flores.
Country: Honduras
Type, date and summary of communication: Llamamiento urgente, enviado con la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 11 de junio de 2004. Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), organización independiente de derechos humanos habría acusado al Gobierno de violación de derechos humanos, negligencia y negación de justicia a raíz de la muerte de más de 100 personas, ocurrida durante un incendio en la prisión de San Pedro Sula el 17 de mayo de 2004. Según los informes, durante el incendio, se habría mantenido a los jóvenes encerrados adentro y no se les habría permitido escapar.Desde finales de mayo de 2004, Andrés Pavón habría recibido cuatro llamadas telefónicas amenazadoras, dos en su teléfono móvil y dos en el teléfono de su oficina en las cuales el autor le habría dicho que iba a “acabar con los defensores de mareros.” También se informa que durante la última semana de mayo se habría visto un automóvil con los cristales tintados delante de la casa en la que Andrés Pavón pasa los fines de semana. Andrés Pavón habría sido atacado verbalmente en la televisión y la radio. Durante un programa de radio nacional, tanto un miembro del personal de la radio como ciudadanos comunes habrían dicho que Andrés Pavón debería recibir un tiro por “defender a delincuentes” y en un programa de la televisión nacional habrían sugerido que se matara al hijo de Andrés Pavón o a otro familiar cercano suyo para ver si continua con su trabajo. Frente a esta situación, el 29 de mayo Andrés Pavón habría pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Government reply: Respuesta del 30 de junio de 2004: El gobierno proporcionó una carta de la secretaria general de relaciones exteriores dirigido al secretario ejecutivo de la comisión interamericana de derechos humanos donde se le informa sobre medidas cautelares adoptadas por el gobierno de Honduras para proteger al señor Andrés Pavón y su familia. Las medidas consisten en un patrullaje de protección para el Sr Pavón y su familia, la asignación de un teléfono celular y fijo como medio de comunicación del Sr Pavón con la policía nacional, y la disponibilidad para asignar seguridad, cuando el beneficiario o su familia lo soliciten, para desplazamientos ,y/o en aquellos casos, que a juicio del beneficiario se requiera. El gobierno proporcionó otra carta donde el Fiscal General de la República de Honduras solicita al ministro de seguridad que le informe sobre las investigaciones realizadas para identificar a los supuestos responsables de un allanamiento de morada y robo en contra del Sr Pavón.
Observation of the Special Rapporteur: El Relator Especial agradece el Gobierno de Honduras por su respuesta y por haber proporcionado rápidamente medidas de protección a favor del Sr Pavón.
Country: Honduras
Type, date and summary of communication: Informe de la Relatora especial relativo a su misión en Honduras, E/CN.4/2003/3/Add.2
Government reply: Por carta del 12 de agosto de 2004, el Gobierno de Honduras proporcionó información relativa a la aplicación de las recomendaciones de la Relatora especial, Asma Jahangir, después de su visita a Honduras. Según el Gobierno, la Comisión para la protección de la integridad física y moral de la niñez creada después de la visita de la Relatora, hizo un análisis exhaustivo sobre la muerte de menores y recomendó la creación de una unidad especial de investigación de muertes de menores (con jurisdicción nacional) y una instancia de coordinación interinstitucional que facilitara las acciones conjuntas entre los diversos actores de justicia encargados de prevenir, investigar y castigar a los responsables de las muertes. Hasta el 30 de junio de 2004, la unidad conoció un total de 428 casos, 79 de estos casos ya concluyeron su etapa investigativa y otros 349 se encuentran todavía bajo investigación. Tres de los 79 casos ya cuentan con sentencias condenatorias. El perfil de los responsables de las muertes en los casos resueltos por la Unidad es variado: 57 % corresponde a miembros de pandillas, 24 % son personas particulares y el 19% a personas investidas de autoridad. Sin embargo los porcentajes anteriores, no pueden considerarse una muestra estadística del universo de casos, dado que la unidad investiga prioritariamente aquellas muertes en la que se sospecha de la posible participación de agentes de autoridad. La undidad logró aclarecer los casos de Oscar Daniel Medina (16) y José Luis Hernández (14) asesinados con evidencia de tortura en enero de 1998. Se logró recabar suficiente evidencia para que los tribunales de justicia dictaran auro de prisión el 11 de mayo de 2004 contra dos policía presuntamente responsable de capturarlos ilegalmente y posterior asesinato. Ambos agentes se encuentran detenidos y aguardando la decisión del juez.la instancia de coordinación interinstitucional avanza en el seguimiento procesal de los casos de muertes violentas ocurridos desde 1998, y en los próximos meses será capaz de dar a conocer informes sobre su estado actual, incluyendo la información de aquellos en los cuales las autoridades judiciales ya han sancionado a las personas responsables.
Observation of the Special Rapporteur: El Relator Especial agreadece el Gobierno por haberle proporcionado información relativa al seguimiento de la misión de su predecesora.
Country: Honduras
Type, date and summary of communication: Alegación, enviada con el Relator Especial sobre la tortura, el Relator Especial sobre la venta de niños y la prostitución infantil, 15 de julio de 2004. Juan Manuel Aguilar un menor de 17 años de la Colonia Municipal de San Pedro Sula, habría sido sospechado por la policía de haber robado dos armas. El 14 de junio de 2004 habrían allanado su domicilio y obligado por la fuerza a su padre a indicarles donde se encontraba. Más tarde el menor habría sido detenido juntamente con Daniel Ortiz Menjivar, otro menor de 16 años. Los dos menores habrían sido conducidos a un lugar conocido como el Rancho El Coco. Allí habrían sido alcanzados por otra patrulla de policía y tres miembros de una unidad militar de elite conocida como las “Cobras”. Daniel Ortiz Menjivar habría sido golpeado y le habrían cortado las manos. Habría fallecido de una hemorragia debida a la amputación de sus manos. Juan Manuel Aguilar habría sido golpeado y violado. Seguidamente le habrían disparado mortalmente. La Unidad de investigación de muerte de menores de San Pedro Sula habría realizado una investigación y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de San Pedro Sula habría presentado una acusación por los delitos de asesinato y abuso de autoridad. Se habría dictado un auto de procesamiento y detención judicial contra dos inspectores de la Policía Nacional identificados por varios testigos. Cinco militares habrían sido destituidos de sus funciones. Todavía estarían pendientes otras siete órdenes de detención ordenadas por un juez
Government reply: No response.
Country: Honduras
Type, date and summary of communication: Alegación, enviada con el Relator Especial sobre la tortura, 20 de septiembre de 2004. 105 jóvenes reclusos del Centro Penal de San Pedro Sula habrían fallecido a causa de un incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004 en el centro. Otros 27 jóvenes habrían resultado heridos y habrían presentado heridas de primer a tercer grado. Las víctimas del incendio eran todos miembros de la Mara Salvatrucha. Muchos de los jóvenes no habían sido condenados por ningún crimen. Se alega que durante el incendio los jóvenes permanecieron encerrados y que no se les dejo salir de la celda 19. El Relator Especial ha sido informado de que en el momento del incendio, 182 personas se encontraban recluidas en una celda con capacidad para albergar 50 personas. Se alega igualmente que el Centro Penal albergaba una población de 2200 personas a pesar de haber sido construido para recluir a 800 personas. El Centro no contaría con un plan de emergencia contra incendios y las medidas de seguridad serían mínimas. El Relator Especial también ha sido informado de que 69 reclusos de la Granja Penal de El Porvenir, la mayoría de ellas miembros de maras, habrían fallecido a causa de un incendio el 5 de abril de 2003.
Government reply: No response.
Correspondence from 2004
The record of correspondence for 2004 is excerpted from the official United Nations report, E/CN.4/2004/7/Add.1.
Llamamientos urgentes
El 22 de mayo de 2003, la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, envió un llamamiento urgente en relación con la situación de los miembros del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), una organización de derechos humanos que, además de llevar a cabo actividades de asistencia a las víctimas de tortura, investigaría y daría apoyo a investigaciones relacionadas con violaciones de los derechos humanos por parte de agentes de la policía. En particular, el CPTRT habría apoyado a María Luisa Borjas, antigua jefa de la Unidad de asuntos internos de la policía nacional, quien habría denunciado, en septiembre de 2002, la participación de miembros del Ministerio de Seguridad y de la policía nacional en la supuesta ejecución extrajudicial de al menos 20 jóvenes. Tras hacer públicas estas denuncias, María Luisa Borjas habría recibido amenazas de muerte por teléfono, su correo habría sido interceptado y, unos meses más tarde, habría sido destituida de su cargo. El CPTRT también estaría investigando las muertes que habrían ocurrido durante un motín en el centro penitenciario El Porvenir, departamento de La Ceiba, el 5 de abril de 2003. Se alega que en el curso de este incidente, supuestamente provocado por agentes de policía y guardianes de la prisión, unos 69 presos habrían fallecido. El 12 de mayo de 2003 por la mañana, las oficinas del CPTRT ubicadas en el barrio San Rafael de Tegucigalpa habrían sido saqueadas y documentos confidenciales y archivos informáticos habrían sido escudriñados. Los intrusos habrían dejado un par de zapatos encima de una mesa, acto que en Honduras, podría ser interpretado como una amenaza de muerte. Según la vicedirectora del CPTRT, el saqueo de las oficinas está relacionado con las actividades del centro y tendría por objetivo la búsqueda de información confidencial y la intimidación de sus miembros.
El 26 de mayo de 2003 la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, envió un llamamiento urgente en relación con la situación de peligro en la que se encontrarían el sacerdote José Andrés Tamayo, así como los dirigentes comunitarios Gilberto Flores y Orlando Nájera. Según informaciones, el sacerdote José Andrés Tamayo habría sido amenazado de muerte a causa de su activismo en favor de la protección del medio ambiente en el departamento de Olancho, en el norte de Honduras. Según indican los informes, José Andrés Tamayo, sacerdote del municipio de Salamá, departamento de Olancho, habría recibido advertencias para que abandone el país antes de finales de mayo. Asimismo se alega que en cuatro ocasiones distintas el 5 y 6 de mayo, el alcalde de Salamá habría declarado “el problema ambiental en Olancho solamente se va a resolver mandando a matar al padre Tamayo”. Según informaciones un grupo de hombres poderosos implicados en el negocio maderero estarían instigando las amenazas y advertencias contra el sacerdote. También se informó de que los dirigentes comunitarios Gilberto Flores y Orlando Nájera, quienes hacen campaña contra la construcción de una presa hidroeléctrica en el departamento de Olancho, habrían sido intimidados por policías y autoridades locales. Según los informes, algunos policías habrían realizado recientemente disparos al aire ante la casa de Orlando Nájera en la comunidad de Ocotal, municipio de Gualaco.
El 29 de julio de 2003, la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, envió un llamamiento urgente en relación con la situación de los activistas medioambientales Gilberto Flores, dirigente comunitario, y el sacerdote Osmin Flores, reconocido por sus esfuerzos para proteger el entorno natural en el departamento de Olancho. Según informaciones, ellos al igual que otros activistas medioambientales que trabajan en el mismo departamento habrían recibido amenazas de muerte. El caso de Gilberto Flores fue considerado por la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en un llamamiento urgente con fecha de 26 de mayo de 2003, en el cual se indicaba que habría sido intimidado por agentes de policía y autoridades locales en relación con su campaña contra la continuación de una presa hidroeléctrica en el departamento de Olancho. Según informaciones, el 20 de junio de 2003, el Ministerio de Seguridad habría retirado a Gilberto Flores la protección policial recomendada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde mayo de 2003. El 14 de julio, un grupo de hombres armados, quienes se encontraban en el interior de un vehículo desprovisto de matrícula y con vidrios polarizados, habrían apuntado sus armas contra Gilberto Flores cuando éste entraba en las oficinas de la Pastoral Social del municipio de Juticalpa. Se alega que la presencia de un menor les habría hecho desistir de la acción en aquel momento. Sin embargo, durante los dos días que siguieron al incidente, el mismo vehículo y otro de características similares habrían sido aparcados enfrente de las mismas oficinas. Por su parte, Osmin Flores habría sido víctima de varias amenazas. El 18 de julio, habría sido objeto de vigilancia por parte de un grupo de hombres armados quienes habrían aparcado su vehículo enfrente de su residencia. Al reportar los hechos, la policía habría argumentado que aunque el vehículo tenía un aspecto sospechoso no se podía detener a los ocupantes puesto que no habían hecho nada ilegal. De acuerdo con las informaciones recibidas, los nombres de Gilberto y Osmin Flores figurarían en una lista de personas amenazadas de muerte al parecer elaborada por propietarios de diversos aserraderos de la región. En esta lista figuraba también Carlos Arturo Reyes, un activista que trabajaba para la Pastoral Social en defensa del medio ambiente, que habría sido asesinado el 18 de junio en su residencia en el municipio de Rosario.
El 2 de septiembre de 2003, la Relatora Especial envió un llamamiento urgente en relación con la situación de Elkyn Suárez Mejía, miembro de la Comunidad Gay Sampedrana, quien habría recibido amenazas de muerte en las que le habrían advertido de no declarar como testigo dentro del proceso contra dos policías acusados del homicidio de Erick David Yáñez, cometido el 15 de julio de 2003 en la población de San Pedro Sula en el norte de Honduras. De acuerdo con las informaciones recibidas, Elkyn Suárez Mejía habría presenciado el homicidio de Erick David Yáñez quien habría sido agredido por dos policías en el transcurso de una discusión, en medio de la cual, uno de ellos le habría disparado con su arma reglamentaria. Se informa también que después del inicio de las investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía general, los dos policías habrían sido detenidos y acusados, uno por homicidio y otro por complicidad. Sin embargo, uno de los detenidos habría escapado a mediados del mes de agosto, hecho que a su vez hace temer por la seguridad de Elkyn Suárez Mejía. Finalmente se informó que el Tribunal de San Pedro Sula habría informado sobre el retiro de la protección policial asignada por la fiscalía general a Elkin Suárez.
El 8 de octubre de 2003, la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y la libertades fundamentales de los indígenas y el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, envió un llamamiento urgente en relación con la situación de Marcelino Miranda y Leonardo Miranda, dirigentes indígenas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Según informaciones recibidas, el 8 de febrero de 2003 los hermanos Miranda habrían sido detenidos por agentes armados de la policía acusados de los delitos de usurpación de tierras, lesiones y homicidio. Marcelino Miranda habría sido acusado separadamente de los delitos de hurto de ganado mayor y daños mientras que Leonardo Mirada habría sido acusado de “atentado contra el Estado de Honduras”. Posteriormente varios de los cargos habrían sido retirados. Sin embargo ambos permanecerían recluidos en la prisión de Gracias, departamento de Lempira, bajo cargos de lesiones y asesinato. Allí presuntamente habrían sido torturados. Asimismo se informó que el 2 de junio de 2003, miembros del Departamento de asuntos internos de la policía habrían amenazado de muerte a Marcelino y Leonardo Miranda con el fin de que estos reconocieran los cargos en su contra. En relación con la situación de peligro respecto de Marcelino Martínez Espinal, abogado de los hermanos Miranda, se informó que el 22 de julio, personas no identificadas habrían adelantado averiguaciones respecto del abogado que incluirían detalles sobre su vehículo. El 18 de septiembre, el abogado Martínez Espinal habría reportado que un vehículo Toyota rojo le habría seguido en momentos en que se dirigía a efectuar una visita a los hermanos Miranda en la prisión de Gracias.
Comunicación enviada
Mediante carta de alegación enviada al Gobierno de Honduras el 29 de julio de 2003, la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, se refirió al caso de Hugo Ramón Sosa y Olban Salinas, quienes presuntamente habrían sido interceptados el 7 de febrero de 2003 por soldados del elemento elite del ejército cuando se dirigían a su residencia en la comunidad de Dos Caminos, provincia de Villanueva, y conducidos hacia un lugar desconocido, presuntamente a la base militar local. Según las informaciones, al día siguiente, los cuerpos de los dos jóvenes habrían sido encontrados con señales de tortura en el sitio denominado Calle de Tierra en Cerro Cascabel.
Respuestas del Gobierno
Mediante comunicaciones de 3 de febrero y 28 de octubre de 2003, el Gobierno de Honduras proporcionó información en relación con el llamamiento urgente que la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, había enviado el 29 de julio de 2003 en relación con la situación de los activistas medioambientales Gilberto Flores y el sacerdote Osmin Flores, en el departamento de Olancho. Según el Gobierno, con base en las recomendaciones producidas durante las reuniones entre los representantes de los activistas y el Gobierno se habrían ofrecido medidas de seguridad personal para los dirigentes ambientalistas de acuerdo con una lista que ellos mismos proporcionaran. También informó que se habría conformado una comisión evaluadora sobre la situación forestal en Olancho.
Mediante comunicación del 27 de octubre de 2003, el Gobierno de Honduras proporcionó información en relación con la carta de alegación que la Relatora Especial había enviado el 2 de septiembre de 2003, concerniente a la situación de Elkyn Suárez Mejía. Según el Gobierno, la Dirección de investigación criminal de San Pedro Sula habría realizado las averiguaciones dentro del caso de la muerte de Eric David Yáñes, habiendo logrado identificar como responsables a los policías Jairo Mejía Castillo y Carlos Iván Contreras. Asimismo informó que el 20 de agosto de 2003 se habría ordenado tomar el testimonio de Elkyn Suárez, con el fin de incluirlo como prueba anticipada dentro del mencionado proceso. El Gobierno también informó de que debido a la fuga de uno de los imputados, en la audiencia inicial del juicio solo habría comparecido Jairo Mejía Castillo.
Mediante comunicación del 28 de octubre de 2003, el Gobierno de Honduras proporcionó información en relación con la carta de alegación que la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, había enviado en relación con el homicidio de Hugo Ramón Sosa y Olban Salinas. Según el Gobierno, la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) habría proporcionado información relativa al hallazgo de los cadáveres en la colonia Melgar, Dos Caminos, municipio de Villanueva, departamento de Cortes. Asimismo se informó de que, de acuerdo con la autopsia, los cuerpos habrían presentado heridas en el tórax producidas por arma de fuego. Con relación a la investigación, la unidad de investigación de muertes de menores habría iniciado de oficio la investigación. Hasta el momento no habría sido posible dar paso a la etapa judicial por cuanto no se cuenta con los medios de prueba que permitan la identificación o individualización de los autores, los cuales resultan necesarios para tal fin.
Correspondence from 2003
The record of correspondence for 2003 is excerpted from the official United Nations report, E/CN.4/2003/Add.1.
Communicaciones enviadas
El 18 de septiembre de 2002, la Relatora Especial mandó una alegación al Gobierno de Honduras relativa al caso siguiente:
De acuerdo con las informaciones recibidas, el 12 de noviembre de 2001, las hermanas de Chorti así como los hermanos de las comunes de San Andrés habrían manifestado pacíficamente, bloqueando la autopista panamericana, para pedir al Gobierno que les devolvieran unas tierras en la parte occidental de Honduras, que pertenecería supuestamente a las comunes de San Andrés. Se informó de que la policía, apoyada por unos soldados, habría utilizado contra los manifestantes gases lacrimógenos, garrotes y balas reales. Por consiguiente, habrían herido a 12 personas y habrían matado a José Roberto Isidro.
El 3 de octubre de 2002, la Relatora Especial junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos mandó una alegación al Gobierno de Honduras relativa a los casos siguientes:
De acuerdo con las informaciones recibidas, el 26 de agosto de 2002 unos hombres desconocidos habrían asesinado a J. Santos Callejas, tesorero de una directiva regional del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras y coordinador de la Oficina del Defensor de la Niñez en la alcaldía del Municipio de la Másica, Atlántida. Según informaciones proporcionadas, algunos sujetos le habrían disparado utilizando fusiles AK-47, cuando salía de la escuela en la que prestaba sus servicios como alfabetizador. Según la información recibida, J. Santos Callejas atendía a las víctimas de la violencia presuntamente perpetrada por redes criminales y terratenientes en la región.
De acuerdo con las informaciones recibidas, tras la visita de la Relatora Especial a Honduras, varios miembros de la organización Xibalba habrían sido intimidados y amenazados por desconocidos que se desplazan en vehículos con vidrios polarizados. En este contexto Sandra Isabel Romero Barahona, encargada de relaciones públicas en Xibalba, habría sido víctima de un intento de asesinato y repetidas amenazas. Según las informaciones proporcionadas a raíz de estos incidentes, Sandra Isabel Romero Barahona se habría sentido en la obligación de salir de Honduras para pedir asilo en México.
Correspondence from 1983-2002
The United Nations Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions has been corresponding with Governments regarding alleged violations since the mandate was established over two decades ago. While the Project on Extrajudicial Executions is making efforts to provide easily browsed versions of as many years as possible, much of the earlier correspondence is available only in the PDF versions of reports from 1983 to the present.