Nicaragua: Visits & Communications
Correspondence from 2004
The record of correspondence for 2004 is excerpted from the official United Nations report, E/CN.4/2004/7/Add.1.
Respuestas del Gobierno
Mediante comunicación del 14 de enero de 2003, el Gobierno de Nicaragua proporcionó información en relación con el llamamiento urgente que la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, había enviado el 7 de octubre de 2002 en relación con la situación de la juez Juana Méndez Pérez. Según el Gobierno, en el curso de las averiguaciones se habría logrado la individualización de uno de los presuntos autores de las amenazas. Asimismo el Gobierno informó que en la actualidad la juez Juana Méndez Pérez y su familia contarían con doce agentes policiales encargados de brindar protección permanente.
Mediante comunicación del 14 de enero de 2003, el Gobierno de Nicaragua proporcionó información en relación con la comunicación que la Relatora Especial había enviado el 18 de septiembre de 2002 en relación con el homicidio de Francisco José García Valle. Según el Gobierno, el hecho no habría sido denunciado directamente ante las autoridades policiales, razón por la cual la investigación se habría iniciado de oficio. En tal sentido se informó que Maria Luisa Acosta habría presentado posteriormente una denuncia ante el juez del caso. Asimismo informó que no se habría realizado autopsia. Sin embargo se habría efectuado un dictamen médico en el que se estableció como causa del fallecimiento la herida por arma de fuego en hemitorax izquierdo, shock hipovolémico producto de lesión de corazón, pulmon izquierdo y grandes vasos. También se informó de que las autoridades continúan investigando los hechos a través de un plan nacional de búsqueda con el fin de obtener la detención de Iván Arguello Rivera, único indiciado, contra quien se habría emitido auto de prisión. El proceso se encontraría en etapa de apelación ante el juzgado del distrito de Bluefields, que a su vez habría ordenado la interrupción del procedimiento en relación con Peter Martínez Fox, presunto propietario del arma homicida.
Correspondence from 2003
The record of correspondence for 2003 is excerpted from the official United Nations report, E/CN.4/2003/Add.1.
Llamamientos urgentes
El 3 de mayo de 2002, la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Nicaragua relativo a amenazas contra la organización de derechos humanos Casa Alianza. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 17 de abril de 2002, las oficinas de Casa Alianza en Managua habrían recibido una llamada telefónica amenazando con empezar a asesinar a los niños de la calle "de la misma forma en que lo hacen en Guatemala y Honduras" y al personal de Casa Alianza. Estas amenazas estarían relacionadas con las actividades de esta organización para procesar judicialmente a los policías que detengan ilegalmente a los niños de la calle. Los informes añaden que Casa Alianza habría tratado sin éxito de rastrear la llamada y habría notificado a las autoridades del incidente. Esta es la primera amenaza de muerte recibida por el programa de Casa Alianza en Nicaragua.
El 7 de octubre de 2002, la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Nicaragua relativo a la situación en la que se encuentra Juana Méndez Pérez, Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua. De acuerdo con las informaciones recibidas, habría recibido el 30 de septiembre de 2002 una llamada telefónica en su despacho diciéndole que si no dejaba en libertad en los próximos 10 días al reo Bayron Jerez Solís, matarían primero a sus hijos y después a ella. Al parecer, la amenaza estaría relacionada con la sentencia dictada por la juez el pasado 10 de septiembre, en contra de ex funcionarios del gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo y en la cual habría pedido a la Asamblea Nacional la desaforación de este como diputado, para ser procesado por la presunta comisión de los delitos de fraude, malversación, asociación para delinquir, peculado y lavado de dinero. Según la informacíón recibida, en una conferencia de prensa que se desarrolló el 1 de octubre de 2002, la juez Méndez habría informado a los medios de comunicación que antes de dictar dicha sentencia habría recibido una llamada telefónica de amenazas. La juez habría interpuesto denuncia ante la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional quién le estaría dando protección física.
Comunicación enviada
El 18 de septiembre de 2002, la Relatora Especial mandó una alegación al Gobierno de Nicaragua con relación al caso siguiente:
De acuerdo con las informaciones recibidas, el 8 de abril de 2002, Francisco José García Valle, universitario y presidente de la Cámara de Comercio de Bluefields, habría sido encontrado muerto en su casa por su esposa, María Luisa Acosta, abogada de derechos humanos. Se informa que tenía las manos atadas a la espalda y habría recibido un disparo en el pecho. Los informes añaden que los agresores no habrían robado nada. Este asesino estaría relacionado con las actividades de María Luisa Acosta en favor de los pueblos indígenas.
Comunicación recibida
El 28 de noviembre de 2002, el Gobierno de Nicaragua contestó a un llamamiento urgente mandado el 7 de octubre de 2002, por la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, relativo a las amenazas en contra de Juana Méndez Pérez, Juez Primera de Distrito del Crimen de Managua. El Gobierno informó que la policía nacional empezó investigaciones sobre la denuncia de Juana Méndez Pérez y se habría identificado a los autores de dicha llamada. Además, se otorgaron medidas de protección para garantizar la seguridad personal de Juana Méndez Pérez y de su familia.
El 28 de noviembre de 2002, el Gobierno de Nicaragua contestó a una comunicación mandada el 18 de septiembre por la Relatora especial relativa al homicidio de Francisco José García Valle. Según el Gobierno, la Dirección Nacional de Investigaciones Criminales del ministerio de gobernación es la encargada de hacer las investigaciones. Se habría identificado al presunto autor del homicidio. Las autoridades nacionales continúan investigando los hechos a fin de determinar con otros presuntos involucrados con los hechos.
Correspondence from 1983-2002
The United Nations Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions has been corresponding with Governments regarding alleged violations since the mandate was established over two decades ago. While the Project on Extrajudicial Executions is making efforts to provide easily browsed versions of as many years as possible, much of the earlier correspondence is available only in the PDF versions of reports from 1983 to the present.