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Peru: Visits & Communications

Country Visits

The UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, then Bacre Waly Ndiaye, visited Peru in May 1993. The report on his visit is E/CN.4/1994/7/Add.2.

Correspondence from 2006

The record of correspondence for 2006 is excerpted from the official United Nations report, E/CN.4/2006/53/Add.1.

Correspondence from 2005

The record of correspondence for 2005 is excerpted from the official United Nations report, E/CN.4/2005/7/Add.1.

Country: Peru

Type, date and summary of communication: Llamamiento urgente enviado con el Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión, 28 de abril de 2004. La periodista Rocío Vásquez Goicochea de Chimbote. Según los informes, Rocío Vásquez Goicochea de Chimbote habría sido amenazada de muerte tras denunciar la situación del empresario pesquero Samuel Dyer. Según la información recibida, la periodista habría sido amenazada de muerte por teléfono el 20 y 21 de abril de 2004. Los informes indican que la periodista habría hecho de conocimiento público que tenía en su poder documentos y un video "donde se comprueban descargas ilegales de pesca negra en la empresa Copeinca, propiedad de Samuel Dyer". Según las informaciones recibidas, el dueño del periódico “Últimas Noticias” le habría ordenado frenar sus investigaciones sobre Samuel Dyer y la periodista habría tenido que renunciar a su trabajo.

Además, los informes indican que Rocío Vásquez Goicochea de Chimbote, en comunicación con la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, habría asegurado que en los tiempos en que Javier Reátegui estaba al frente del Ministerio de Pesquería, su asesor Inocente Ramos habría hecho una llamada a su domicilio. No la habría encontrado pero, tras identificarse con nombre completo, habría dejado un mensaje a su madre: "Aconséjele a su hija para que no se meta con el gobierno. Se va a fregar la vida".

Government reply: Respuesta del 14 de octubre de 2004. El Ministerio Publico, Primera Escala Superior Civil de Lima informa que, según las Fiscalías Provinciales Penales, no existe denuncia interpuesta por la periodista Rocio Vasquez Goicochea contra el empresario pesquero Samuel Dyer.

Observation of the Special Rapporteur: El Relator Especial agradece el Gobierno por su respuesta. Le gustaría recibir información sobre las medidas emprenndidas por el Gobierno para proteger al Sr Goicochea.

Country: Peru

Type, date and summary of communication: Llamamiento urgente enviado con la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 18 May 2004 Catalina Castillo León, un testigo del supuesto secuestro y asesinato de seis miembros de su familia en 1992. Según la información recibida, el 24 de junio de 1992, diez hombres vestidos en uniformes parecidos a los del ejército y al parecer miembros del Grupo Colina, un grupo que presuntamente hacía parte orgánica de la estructura del Servicio de Inteligencia de Perú (SIE) habrían secuestrado a Rafael Ventocilla Rojas, el ex.Alcalde del Distrito de Cochamarca, sus hijos Alejandro, Simon y Paulino, su nieto Rubén y su hermano Marino. Catalina Castillo León habría denunciado la detención de sus familiares ante la policía. Según los informes, los cuerpos de los seis integrantes de su familia habrían sido hallados el día siguiente sepultado en una fosa común cerca de la carretera Huara-Sayán. Según los informes, la investigación se encuentra actualmente en la fiscalía especializada. Catalina Castillo León habría pedido a la Comisaría de Huaura de constatar los hechos pero el Comisario responsable quien, al parecer es familiar de un miembro del Grupo Colina, habría mostrado reservas antes este pedido. En este contexto y según la información recibida, el 6 de mayo de 2004, un grupo de diez individuos, uno de ellos vistiendo traje de policía habría irrumpido violentamente en el domicilio de Catalina Castillo León en Provincia de Guacho. Los hombres la habrían amenazado con darle muerte tal como ocurrió a los seis miembros de su familia. Se teme que esta reciente amenaza contra Catalina Castillo León esté relacionada con su actividad de solicitar una investigación independiente e imparcial tras el asesinato de seis miembros de su familia.

Government reply: Respuesta del 14 de octubre de 2004. El Gobierno de Perú ha transmitido una nota de información proporcionada por el Consejo Nacional de Derechos Humanos. En un oficio de fecha 5 de julio 2004, Dr. Felix E. Salazar Huapallo, Fiscal Superior Decano, Distrito Judicial de Huaura, indica al Fiscal Superior Titular, Representante del Ministerio Público ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos que había recibido información del Coronel PNP José Campos sobre la intervención policial realizada el 6 de mazo 2004 en el domicilio de Catalina Castillo León. Los motivos y circunstancias de la intervención policial fueron en el marco del Operativo “Delincuencia 2004”, cuyo objetivo era ubicar y capturar a los autores del asesinato del Empresario Jorge Wetterman Rivas. Un hijo de la Señora Castillo León, Wilbert Ventocilla Castillo fue acusado del delito “Contra el Patrimonio” – robo agravado por subsiguiente homicidio del ingeniero Wetterman Rivas y era buscado por la policía. Wilbert Ventocilla Castillo huyó en un vehículo. Además, el Fiscal Superior Decano, Distrito Judicial de Huaura, no tiene conocimiento de alguna denuncia o queja presentada directamente por la Señora Castillo León, asimismo tampoco otra denuncia en la Primera y Segunda Fiscalía Provincial Penal del Distrito.

Observation of the Special Rapporteur: El Relator Especial agradece el Gobierno por su respuesta.

Country: Peru

Type, date and summary of communication: Llamamiento urgente enviado con el Relator Especial sobre la tortura, el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, el Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión y la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 7 de septiembre de 2004 en relación con Luis Alberto Ramírez Hinostroza, quien fue víctima de tortura durante la dictadura militar y quien es ahora uno de los testigos principales ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú y en el proceso judicial contra un general retirado acusado de la desaparición forzada de nueve personas en 1991. De acuerdo con la información recibida:

Luis Alberto Ramírez Hinostroza habría recibido amenazas de muerte y ataques contra su persona en varias ocasiones durante los últimos meses. El 13 de marzo de 2004, cuatro individuos habrían disparado contra él llamándole “bocón” mientras le perseguían. El 6 de mayo habría recibido una carta con amenazas junto con dos fotografías de su hija y su esposa. En julio del mismo año, habría recibido otras amenazas de muerte en su casa. En otra ocasión, cuando visitó el lugar donde habría sido tortura años atrás, unos soldados lo habrían fotografiado y habrían amenazado con detenerle. A finales de agosto de 2004, Luis Alberto Ramírez Hinostroza habría notado que alguien le estaba siguiendo. Seguidamente habría solicitado ayuda ante la procuraduría de Huancayo. Sin embargo le habrían informado que el funcionario solicitado no se encontraba y habría tenido que irse sin protección policial. Dos días más tarde, el 30 de agosto, un hombre y una mujer le habrían disparado desde un vehículo negro cerca de su casa, en El Tambo, Huancayo. Luis Alberto Ramírez Hinostroza habría resultado herido en el estómago y habría sido conducido al Hospital El Carmen, donde habría sido operado. Se alega que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno peruano, el 2 de agosto de 2004, que tomara las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Antes del último ataque, habría recibido una carta oficial en la que se le indicaba que se le otorgaban garantías personales, pero no se le habría proporcionado asistencia física. Actualmente, dos agentes de policía estarían encargados de su seguridad en el hospital. Sin embargo las autoridades todavía no le habrían garantizado la asistencia de guardaespaldas para más adelante.

Government reply: Respuesta del 17 de septiembre de 2004. El Gobierno de Perú ha transmitido un informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Este informe indica que el 31 de Agosto 2004, el Ministro de Justicia, Dr. Carlos Gamarra Ugaz ha remitido al Despacho del Viceministro del Interior un oficio reiterando las medidas cautelares necesarias afín de garantizar la integridad personal de Luis Alberto Ramírez Hinostroza. El Viceministro del Interior fue informado el 1 de Septiembre 2004 que el Sr. General PNP Adolfo Alfaro Zúñiga, Director de la VII-DIRTEPOL en Huancayo ha recibido a través de un memorándum del General PNP Percy Soria Medina, Director General de la Policía Nacional de Perú el orden que se procederá “..de inmediato a instalar servicio de seguridad personal al agraviado, con dos efectivos policiales, durante las 24 horas del día hasta nueva orden”. También, el personal especializado de la JEFICAJ esta en carga de hacer las investigaciones correspondientes afín de identificar, ubicar y capturar a los autores en coordinación con el representante del Ministerio Publico. Además, el Consejo Nacional de Derechos Humanos informa que le Prefecto Regional de Junin, mediante un oficio de fecha de 4 de agosto 2004, señala que el 22 de marzo 2004, el Dr. Eduardo Torres Gonzales, Juez Penal se dirige a la Prefectura de Junin a fin que se dispongan brindar las garantías personales a Luis Alberto Ramírez Hinostroza por haber sido amenazado en su integridad personal y familiar. En base a la petición del órgano Jurisdiccional, el 15 de abril 2004 se emitió una Resolución Prefectural en Junin otorgando garantías personales a favor de Luis Ramírez Hinostroza y su familia, en contra de Luis Perez Document, contra quién tiene un proceso judicial por Derechos Humanos (Tortura). Además, Dilma Clemente, Juez del Cuarto Juzgado Penal, se ha dirigido al Prefecto de la Provincia de Huancayo para solicitar las garantías personales al agraviado. La Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia ha remitido oficios el 4 de agosto 2004 a varias agencias del Estado solicitando información. La Secretaria Ejecutiva del Consejo de Derechos Humanos deja constancia que no ha recibido información relacionada a medidas concretas adoptadas con la finalidad de protección al Señor Ramirez Hinostroza hasta el 30 de agosto.

Observation of the Special Rapporteur: El Relator Especial agradece el Gobierno de Perú por su respuesta. . Le gustaría recibir información sobre las medidas emprendidas por el Gobierno para proteger al Sr. Rámirez después del 30 de agosto de 2004

Correspondence from 2004

The record of correspondence for 2004 is excerpted from the official United Nations report, E/CN.4/2004/7/Add.1.

Llamamiento urgente

El 3 de junio de 2003 la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, envió un llamamiento urgente concerniente a los hechos ocurridos el 29 de mayo de 2003. Según informaciones, Edy Quilca Cruzel, de 22 años, habría muerto cuando soldados dispararon contra un grupo de estudiantes que manifestaba en la Universidad del Altiplano de Puno. Se alega que otros estudiantes habrían sido heridos durante el incidente, algunos de ellos por herida de bala. Asimismo se informó que el 28 de mayo, 18 manifestantes habrían resultado heridos durante la represión de una manifestación en Barranca, al norte de Lima. Se alega que la policía y los soldados habrían disparado contra varios de los manifestantes, hiriéndoles gravemente. El ejército también habría reprimido con fuerza otras protestas organizadas en Huancayo, Trujillo, Chiclayo y Arequipa, sin conocerse el número de personas heridas en dichos incidentes. Según las informaciones, a pesar del estado de emergencia decretado, numerosos grupos organizados, entre los cuales un frente cívico de Arequipa, habrían decidido seguir convocando huelgas y protestas públicas. Se expresaron temores por la integridad física y la seguridad de las personas durante las protestas anunciadas.

Respuestas del Gobierno

Mediante comunicación de 18 de febrero de 2003, el Gobierno del Perú proporcionó información en relación con el llamamiento urgente que la Relatora Especial, junto con Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, había enviado el 24 de septiembre de 2002 en relación con el caso de Rolando Quispe Berrocal. Según el Gobierno, la sala permanente de la Corte Suprema de Justicia habría dirimido el conflicto de competencia indicando que corresponde a la jurisdicción común, no a la justicia militar, determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos que generaron las lesiones a Rolando Quispe Berrocal y procesar judicialmente a los responsables.

Mediante comunicación del 5 de septiembre de 2003, el Gobierno del Perú proporcionó información en relación con el llamamiento urgente que la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, había enviado el 3 de junio de 2003 con relación a la muerte de Edy Jhony Quilca Cruzel. Según el Gobierno, la fiscalía superior civil de Lima habría iniciado las investigaciones correspondientes por los delitos de homicidio calificado en la persona de Edy Jhony Quilca Cruzel, así como por los delitos de lesiones graves y lesiones leves en agravio a otros 29 estudiantes. Asimismo, el Gobierno informó que por los mismos hechos se adelanta la investigación correspondiente en el fuero militar.

Correspondence from 2003

The record of correspondence for 2003 is excerpted from the official United Nations report, E/CN.4/2003/Add.1.

Llamamientos urgentes

El 19 de diciembre de 2002, la Relatora especial junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Perú relativo a las amenazas y hostigamiento de que sería víctima Juana Edelmira Ortega Montes, al parecer, por miembros de las fuerzas de seguridad, en Lima, Perú. De acuerdo con las informaciones recibidas, Juana Edelmira Ortega Montes habría interpuesto una denuncia penal el pasado 7 de marzo de 2001 contra efectivos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) a quienes acusaría de haber torturado y asesinado a su esposo, Juan Carlos Aliaga Mera, técnico de segunda en la Fuerza Aérea del Perú. Se informó de que su cuerpo sin vida habría sido encontrado el 27 de septiembre del 2000, en horas de la mañana, en una garita de vigilancia del Grupo Aéreo número 8, en El Callao. Los informes agregan que a partir del momento de la presentación de dicha denuncia, se habrían iniciado una serie de amenazas y hostigamiento contra Juana Edelmira Ortega Montes, entre los que se cuentan amenazas de muerte por teléfono, intimidaciones por hombres armados, vigilancia por hombres quienes trabajarían supuestamente con su esposo. De acuerdo con las informaciones recibidas, estos actos de hostigamiento en contra de Juana Montes, pretendrían entorpecer las investigaciones que se siguen por la muerte de su esposo ante el Sexto Juzgado Penal de El Callao. Además, los informes agregan que se habrían solicitado garantías personales para Juana Edelmira Ortega Montes. Sin embago la policía se las habría denegado, argumentando que la Sra. Ortega Montes no había identificado plenamente a las personas que supuestamente amenazaban su integridad física y que ella no había podido señalar tampoco la institución para la cual se supone trabajan las personas que la amenazan y hostigan.

El 22 de abril de 2002, la Relatora Especial, junto con la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Perú relativo a las amenazas de muerte contra Margarita Patiño Rey Sánchez. Se informó de que desde el 13 de abril de 2002, Margarita Sánchez recibiría llamadas teléfonicas en las que se la amenazaba de muerte. De acuerdo con las informaciones recibidas, alguien habría envenenado a sus dos perros, en lo que parece ser un acto flagrante de intimidación. Estas amenazas estarían relacionadas con la denuncia de Margarita Sánchez ante la Comisión de Verdad y Reconciliación en la cual habría mencionado los nombres de los miembros de las fuerzas de seguridad que asesinaron presuntamente a su marido, el periodista Hugo Bustíos Saavedra, en 1989, cuando se dirigía a investigar un homicidio cometido por el ejército en la provincia de Huanta. Hugo Bustíos era un periodista independiente que informaba sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad a finales del decenio de 1990, así como sobre los delitos cometidos por los grupos armados de oposición en la región.

El 21 de agosto de 2002, la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la tortura, mandó un llamamiento urgente al Gobierno de Perú relativo a la situación del recluta Rolando Quispe Berrocal. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 8 de julio de 2002, hacia la medianoche, Rolando Quispe Berrocal habría sido despertado por fuertes golpes en su puerta. Se informó de que, al abrirla, se habría encontrado con tres hombres con pasamontañas que le habrían agredido tan violentamente que habría perdido el conocimiento. Los informes señalan que al día siguiente, Rolando Quispe Berrocal se habría sentido muy mal, con fuertes dolores en toda la región abdominal. El médico que examinó al Sr. Berrocal habría encontrado en su recto un objeto compuesto de un envase de talco que en su parte superior tenía acoplada una bombilla de luz de aproximadamente 5 centímetros de diámetro y que medía en su totalidad aproximadamente 18 centímetros. De acuerdo con las informaciones recibidas, el 2 de agosto, el titular del Primer Juzgado especializado de Huamanga habría abierto instrucción por tortura contra los tres sargentos del ejército identificados por Rolando Quispe, los cuales tienen orden de captura. Además, el poder judicial habría ordenado, mediante una acción de habeas corpus, la suspensión del servicio militar de Rolando Quispe. Sin embargo, el proceso se habría visto obstaculizado por la acción del Juzgado Militar Permanente de Ayacucho que habría sentenciado al recluta con 30 días de reclusión militar condicional y al pago de 1.500 soles por el supuesto delito de falsedad, afirmando que el recluta se había infligido lesiones a sí mismo. Se teme por la seguridad e integridad física y psicológica de la víctima y de sus familiares que habrían sido amenazados por parte de algunos miembros del ejército del Perú.

Comunicación enviada

El 2 de septiembre de 2002, la Relatora Especial, junto con el Relator Especial sobre la tortura, mandó una alegación al Gobierno de Perú relativo al caso siguiente:

Nazario Víctor Valencia Porras, de 44 años, habría sido conducido a la Comisaría de Matucana el 28 de junio de 2001 supuestamente por la existencia de una denuncia de robo en su contra. Habría llegado en estado de ebriedad a dicha comisaría, donde habría sido detenido durante tres días sin que existiera ninguna orden judicial que justificara su detención. El detenido no habría sido encontrado en flagrante delito ni tampoco se habría encontrado en su poder el dinero que se le acusaba de haber robado. Los policías le habrían golpeado para introducirle en una celda. No habría sido la primera vez que Nazario Valencia habría sido detenido y existirían antecedentes de malos tratos en su contra que no habrían sido investigados. El 1 de julio de 2001, cuando su hermana se habría presentado a la comisaría para llevarle comida, habría sido informada de que Nazario Valencia se había suicidado el día anterior. Su cuerpo habría sido trasladado al Hospital de San Juan para la realización de la autopsia. En la morgue, los hermanos del fallecido habrían observado que el cuerpo presentaba hematomas y rasguños en la cara, nariz y espalda y signos de quemaduras en las piernas. Estas marcas no aparecerían en el informe de la autopsia. El 2 de julio, el hermano del fallecido habría interpuesto una denuncia por asesinato, pero el fiscal habría solicitado el archivo definitivo de la denuncia por asesinato basándose en la inexistencia de elementos probatorios. Otra denuncia penal por tortura seguida de muerte habría sido transmitida al Fiscal de la Nación. El 17 de julio de 2001 se habría llevado a cabo la diligencia de exhumación programada por la Fiscalía Mixta de Huarorchirí, Matucana. El informe realizado tras la exhumación confirmaría las lesiones mencionadas. Los Relatores Especiales han sido informados de que familiares y testigos de los hechos habrían sido amenazados por efectivos de la Comisaría de Matucana.

El 31 de marzo de 2001, Godofredo García Baca, líder campesino que se oponía al desarrollo de un proyecto minero en el valle de San Lorenzo y Tambograndre, en Piura, habría sido asesinado. Godfredo García Baca era fundador y presidente de la Asociación de Productores del Valle, así como miembro del Frente de Defensa de Tambogrande y del comité directivo regional del Foro Ecológico de la Región Piura. Según las informaciones proporcionadas, el asesinato de Godofredo García Baca podría haberse motivado por sus actividades como activista y opositor del proyecto minero de la compañía Manhattan Minerals, que desde 1997 habría intentado establecerse en la zona.

Comunicaciones recibidas

El 11 de febrero de 2002, el Gobierno del Perú mandó informacion suplementaria a la enviada los días 9 de mayo y 28 de septiembre de 2001 respecto al fallecimiento de Jenard Lee Rivera San Roque bajo custodia de la policía nacional el 9 de junio de 2001, como consecuencia de supuestas torturas y malos tratos. El Gobierno informó respecto a las supuestas intimidaciones de las que habría sido objeto la abogada de Jenard Lee Rivera San Roque, Gina Requejo Zuñiga, asi como de algunos miembros de la familia de Jenard Lee Rivera San Roque. La inspectoría provincial de policía de Huacho realizó la investigación correspondiente, y ha establecido los solicitantes no han aportado mayores elementos de juicio ni pruebas que acrediten que son acosados por personal policial, al no haber identificado a las personas vestidas de civil autores de la supuesta vigilancia, ocurridos en mayo. Tampoco han individualizado al personal policial, ni la placa del vehículo que ronda por sus domicilios, conforme se desprende en sus manifestaciones. La inspectoría provincial de policía de Huacho pidió que se realizara patrullaje motorizado en forma constante por inmediaciones de los domicilios de las personas arriba mencionadas.

Con relación al asesinato de Godofredo García Baca, el Gobierno del Perú informó de que un proceso penal fue iniciado por el segundo juzgado penal de Sullana contra el presunto autor del homicidio. De la información analizada, no se precisa si el presunto autor pertenece a algún tipo de institución pública o privada.

Con relación al caso de Rolando Quispe Berrocal, el Gobierno del Perú informó que la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos impulsó una serie de acciones con los diferentes sectores del Estado peruano, a fin de recabar información del referido caso. Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está brindando asistencia integral a Rolando Quispe Berrocal y a sus familiares. Además, ha asumido la defensa legal de los distintos procesos existentes, tanto en el fuero común como en el fuero privativo militar. El Gobierno informó de que el Consejo Supremo de Justicia Militar ha considerado que Rolando Quispe Berrocal ha incurrido en delito de falsedad, acción tipificada en el artículo 301, inciso 4, del Código de Justicia Militar. El fuero común a su vez, viene realizando las investigaciones pertinentes a efectos de determinar la responsabilidad penal de los presuntos autores en el delito de contra la humanidad, en la modalidad de tortura y contra la administración de justicia en la modalidad de encubrimiento real, en agravio de Rolando Quispe Berrocal, el ministerio público y el Estado.

Con relación a la muerte de Nazario Víctor Valencia Porras, el Gobierno del Perú informó que el ministerio público ordenó a la policía nacional del Perú iniciar una investigación preliminar. Según el Gobierno, se realizó una autopsia y se identificó a los presuntos autores del asesinato, todos miembros de la policía nacional del Perú. Se ha abierto un proceso disciplinario, asi como un proceso penal contra los presuntos autores del crimen.

Correspondence from 1983-2002

The United Nations Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions has been corresponding with Governments regarding alleged violations since the mandate was established over two decades ago. While the Project on Extrajudicial Executions is making efforts to provide easily browsed versions of as many years as possible, much of the earlier correspondence is available only in the PDF versions of reports from 1983 to the present.